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lunes 14 de junio de 2021

De reformas y pregones

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El magnánimo presidente no cabía en sí de gusto. Tras 31 días de espera, sus empleados de las Cámaras de diputados y senadores habrían aprobado una iniciativa preferente que reformaría y adicionaría «diversas disposiciones de la Ley General de Educación» por las que se revalidarían los estudios de los migrantes que regresaran a México, deportados por la terrorífica conducta de un soberano cruel e inhumano quien so pretexto de tener una América para los americanos blancos, pretendería deportar a los prietitos, etiquetados como malos hombres. Bad men que desplazarían a sus connacionales de los puestos de trabajo que de ninguna manera desempeñarán.

De inmediato sus pregoneros encargados de despacho, tras la aprobación de la iniciativa, se dieron manos a la obra. Discursos de por medio, conferencias de prensa y apariciones en medios de comunicación, formal e informal, anunciaron que se allanaban los caminos para que aquellos que no quieren regresar a tierras mexicanas, dispusieran de lugares vedados a quienes no aprueban los exámenes de admisión. Modificarían ordenanzas, entre ellas la Ley General de Educación (LGE) y anunciarían que los acuerdos a gusto de quién todo lo puede, deberán cocinarse en un lapso no mayor a los 2 y 12 meses. En tanto, quienes se aprestan a suceder al magnánimo presidente, imitan su actitud y de repente, a pesar de lo deteriorado de su imagen, abren los portones de par en par anunciando que recibirán a los «dreamers» sin mayores condiciones. Empero, rectores de instituciones autónomas señalarían que requieren de presupuesto adicional para enfrentar los retos que significaría atender a los migrantes y ante la falta de subsidio suficiente y a tiempo, instituciones de educación superior que manifiestan su decisión por sumarse a la tarea -como la Universidad Obrera- se hayan en una profunda crisis financiera por falta de recursos, aunque el jilguero se esfuerce por silbar una tonada que repite ante todos los auditorios.

Retintín mediante el que insistiría en pregonar que en 400 universidades públicas se cuenta con los lugares suficientes para aceptar a 100 mil repatriados, mientras que dependencias como el Conacyt, suspenden la entrega de becas para quienes cursan estudios de posgrado, merced a un recorte presupuestal de más de 23 mil millones de dólares y México pierde 12 lugares en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Diligentes, los legisladores habrían reformado el primer párrafo del artículo 2 de la LGE incorporando las palabras tránsito y permanencia. Habrían adicionado una fracción -la VIII- mediante la que las autoridades educativas tendrían facultades para expedir normas de control escolar que faciliten «la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios de los educandos» y reformado a su vez la fracción IX, para «regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de créditos académicos, que faciliten el tránsito de educandos por el sistema educativo nacional«. Dispondrían, mediante la adición de una fracción,-la I Bis del artículo 13-, la vigilancia de «las autoridades escolares» para que cumplan con las nuevas disposiciones y la autorización, delegación y/o revocación -fracción III, artículo 14- para que particulares «que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida en términos del artículo 63 de esta Ley». Una adición, -la III Bis- de este artículo, les faculta a firmar convenios internacionales que faciliten el tránsito «nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia».

Mediante adiciones al artículo 32, los legisladores incorporan el término «tránsito» en el primer párrafo y adiciona al segundo incorporando 4 líneas en la que destacan leyendas como «situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales». Mediante la fracción IX Bis, autorizan, a instancias del titular del ejecutivo, el acceso al sistema educativo nacional para quienes carecen de comprobantes de estudio, mediante opciones como la de los exámenes de ubicación y evaluación de saberes ya existentes. En el artículo 38 incorporan la promoción de las acciones descritas a las instancias media superior y superior y en el artículo 56, la obligación para que las autoridades educativas estatales publiquen quiénes de entre los particulares, tienen autorización para realizar revalidaciones y para incorporar a su publicidad esta disposición señalando qué autoridad se la otorgó, incorporando la información del o la beneficiada al Sistema de Información y Gestión Educativa –artículo 60-. Los artículos 60 y 61, suprimen la equiparación con estudios «realizados dentro del sistema» e incorporar la equivalencia bajo la modalidad de créditos académicos. El artículo 63, a más de promover «utilización de mecanismos electrónicos de verificación de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional», resalta por su propia naturaleza, la facultad de delegación para que instituciones públicas y/o privadas con RVOE, «otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida».

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Sin embargo, el pregonero, en lugar de otorgar los recursos presupuestales que requieren las instituciones autónomas para atender la contingencia migratoria, alienta mediáticamente las esperanzas de quienes se verían obligados -migrantes y responsables de las universidades públicas- y esconde la delegación de funciones que las modificaciones a la ley otorgarán de manera privilegiada a unas cuantas instituciones particulares. Por si fuera poco, alerta sobre la cancelación de una reforma educativa que aún se encuentra en trabajo de parto, si Andrés Manuel López Obrador ganase la presidencia. No cabe duda, el miedo no anda en burro.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

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Gustavo Santín Nieto
Director del Instituto Universitario de Puebla (IUP).
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