Honduras y Guatemala, los más peligrosos para ambientalistas. Foto:Mongabay-Latam

En 2016, Amnistía Internacional consideró que Honduras junto con Guatemala fueron las naciones más peligrosas del mundo para quienes defienden la tierra y el medio ambiente; ya que los activistas fueron objeto de vejaciones e incluso la muerte.

Así lo reveló el estudio “El precio del activismo” elaborado por Greenpeace, con el objetivo de mostrar la dimensión global de la indefensión del activismo ambiental., así como hacer énfasis en que esta actividad se ha convertido en una de las más peligrosas del planeta.

Respecto a Latinoamérica, este informe señaló que desde 2012, diez activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) han sido asesinadas.

En este tenor, de acuerdo con la Oxfam, los asesinatos y represión contra quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina están relacionados directamente con el modelo económico imperante, que fomenta la desigualdad extrema e impacta negativamente en los derechos fundamentales de la población, sobre todo de los pueblos indígenas.

LA de las más peligrosas para activistas

Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para ser activista ambiental o defender los derechos humanos, ya que según el informe de Global Witness 2 “En Terreno Peligroso”, en 2015 fueron asesinados 185 activistas ambientales, 122 en América Latina. Los dos países más peligrosos para el activismo ambiental fueron Brasil, con 50 personas asesinadas y Filipinas, con 33 muertes.

De acuerdo con Greenpeace, las personas dedicadas al activismo ambiental fueron objeto de amenazas, cargos falsos, campañas de difamación, agresiones y homicidios.

En 2016, los defensores de los derechos humanos –especialmente aquellos que defendían los derechos medioambientales y los derechos a la tierra– sufrieron amenazas y agresiones de forma continuada, según el último informe de Amnistía Internacional, en el que también señaló que solo entre enero y septiembre, al menos 47 activistas perdieron la vida de manera violenta.

Se trataba de personas que trabajaban en la pequeña agricultura, campesinado, trabajos rurales, en la abogacía y en la pesca, indígenas y habitantes de las riberas— en su lucha por el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Amnistía Internacional agregó que estos homicidios no son investigados y la mayoría de los delitos quedan impunes por regla general.