La defensa del medio ambiente, sobre todo contra empresas que incurren penalmente, es un reto frente al nuevo sistema de justicia penal, pues se deben instrumentar mejores procedimientos que apoyen su investigación.
Así lo señaló Israel Alvarado Martínez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados e Investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Al impartir la conferencia “Responsabilidad Penal de las Empresas”, en la universidad Anáhuac, el especialista resaltó que es “compleja” la elaboración de los “costosos” dictámenes periciales y la dificultad que implica el cuantificar la reparación del daño en cuestiones ambientales; como ocurre en la tragedia ecológica ocurrida en el Río Sonora en el 2014.
Las empresas bajo la dinámica de prevención del delito deben de generar políticas internas destinadas “al cumplimiento regulatorio”, expuso.
Alvarado Martínez también señaló que la responsabilidad penal de las empresas es una figura que entre otras cosas busca prevenir la comisión de los delitos.
Edomex, con el índice delictivo más alto
Explicó que el Estado de México es el que tiene el índice delictivo más alto tratándose de delitos cometidos por empresas, mientras que Campeche tiene el índice más bajo; dato que es importante si se analizan a detalle los delitos cometidos y las causas que los generan.
Por su parte, Montserrat Garza Contreras, Coordinadora de la Escuela de Derecho, explicó que poco se ha hablado en México sobre la figura de la “responsabilidad penal de las empresas”, misma que apuesta por una cultura de prevención del delito en el interior de las organizaciones.
Con esta conferencia magistral, se inició una serie de eventos académicos relacionados con el derecho corporativo y con la implementación del nuevo sistema de justicia penal mexicano.
Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los tres órganos de gobierno, incluyendo al estatal de Puebla, por la contaminación del río Atoyac.
Al respecto, el mandatario Antonio Gali Fayad señaló que se sancionará a las empresas, 8 mil entre Puebla y Tlaxcala, que hacen descargas ilegales en el cauce.