El gobernador Antonio Gali Fayad aseveró que será solamente competencia del Congreso local designar a quien será el fiscal Anticorrupción, lo cual debe ser de manera neutral, por lo que ningún otro ente deberá “meter la manos”.
Lo anterior, durante la firma del pacto “Yo no doy mordida”, iniciativa encabezada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el mandatario poblano subrayó que esa medida se hace para armonizar la ley con la federal, por lo que “muy pronto” se tendrá al grupo que lo conformará.
“He pedido que sea el Congreso, sin que metan la mano, respetando el orden Legislativo; ninguno de los otros órdenes de gobierno”.
Refirió que a través de esta fiscalía se establecerán las bases de coordinación entre los entes públicos para la implementación de políticas orientadas a la investigación, detección, prevención y sanción de faltas administrativas, así como los actos de corrupción de los servidores públicos.
Robo de combustible, ejemplo de corrupción
En ese tenor, ejemplificó que en Puebla una muestra de ello es el robo de combustible, pues los ciudadanos prefieren defender a los delincuentes por unas “cuantas monedas”, y que ha llegado a “corromper” a familias enteras.
Gali Fayad indicó que una de las acciones que hizo cuando inicio su gobierno fue desectorizar a la Coordinación Estatal de Transparencia de la Controlaría, como una acción de transparencia y rendición de cuentas hacia los ciudadanos.
Todos hacen la corrupción, Coparmex
Por su parte, José Antonio Quinta Gómez, presidente de la Coparmex, comentó que esta iniciativa se implementó porque la impunidad es el principal factor que ha provocado que la corrupción sea para muchas personas su estilo de vida.
Aseveró que es necesario detenerla, pues “es un mal” que ha sobrevivido por varios años en todos los niveles y esferas públicas, porque es igual de cara que los beneficios que acarrea, pero –sostuvo— es un problema que no se solucionará si sólo hay quejas pero no acciones.
“Esto (la corrupción) no depende sólo del gobierno en turno, ni toda la culpa ni toda la solución recae en los funcionarios, cada uno desde donde estamos tenemos parte de la culpa, sea por complicidad o indiferencia, es el momento de ser parte de esta solución”, pronunció.
33% de ingresos se va a corrupción
En su intervención, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, representante del Consorcio Universitario de Puebla, subrayó que, a nivel nacional, el 33 por ciento de los ingresos del salario mínimo se dirige al soborno, y aunque –aseveró– que en todos los países se da este problema, México se caracteriza por la impunidad.
En ese contexto, mencionó que de acuerdo con un estudio que realizó la Universidad de las Américas Puebla (Udalp), México es lugar 58 de 59 países en dicho problema, mientras que la entidad se ubica en la tabla media en el rango de impunidad alta.
En tanto, Leobardo Espinoza Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, detalló que anualmente a nivel nacional, entre el 2 y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país se pierden en actos de corrupción.
Recordó que una muestra de ellos es que hay ocho exgobernadores en la mira y “seguro deben ser más”, porque, además, la deuda que recibieron y acumularon es más grande que el recorte del gasto federal, en un ejercicio presupuestal.
