Desde febrero, miles de manifestantes se congregaron en las plazas del país para mostrarse en contra del impuesto a desempleados; sin embargo, las protestas ahora son para que Alexander Lukashenko abandone su gestión que se ha extendido por 23 años.
La entrada en vigor de un decreto presidencial que establece un impuesto llamado sobre prevención de la dependencia social, el cual obliga a los ciudadanos que hayan dejado de laborar y pagar sus impuestos desde hace seis meses, a emitir un cheque por concepto de impuesto con valor de 235 euros, que en caso de no ser pagados, impondría al ciudadano cargos administrativos y servicios a la comunidad, que de acuerdo a Amnistía Internacional (AI) “pueden equivaler a una forma de trabajo forzado”.
Frente a ello, miles de ciudadanos salieron a manifestarse, motivo por el cual, el gobierno de Lukashenko llevó a cabo la aprehensión de 48 manifestantes entre los que se encuentran periodistas y líderes de organizaciones civiles; dichas detenciones son justificadas por las autoridades asegurando que los detenidos asistieron a un evento no permitido por la gestión.
La ONU en contra
Lo anterior, causó no sólo la crítica de la oposición bielorrusa, sino también de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que emitió recomendaciones al gobierno del presidente que subió al poder en 1994 y el cual muchos consideran como “el último dictador de Europa”.
Entonces, y frente a una diminuta respuesta de ciudadanos que pagaron el impuesto, -que según cifras oficiales informan fueron 50 mil de los 470 mil ciudadanos que debieron haber emitido el pago-, Alexander Lukashenko decidió eliminar el impuesto por un año para estudiarlo mejor, sin embargo, ello no eliminó la presencia de la población en las calles, ahora las movilizaciones piden su salida del poder.
La gestión del dictador bielorruso enfrenta tres retos principalmente, el primero, hace referencia a una relación bilateral con su aliado Rusia cada vez más tensa, debido a la falta de apoyo en temas de importancia como el de Crimea.
A pesar de tener lazos de cooperación en materia militar con Rusia, posee problemas con el gobierno que encabeza Vladimir Putin, debido a la falta de pago de gas, por lo que Bielorrusia se encuentra violando el contrato de abastecimiento que firmó con el gigante euroasiático.
Un segundo es la creciente crítica de la población en general y de una oposición a las medidas económicas y libertades, lo que ha aumentado las campañas de aprehensión de oponentes al régimen y la calificación por parte del presidente quien considera que los grupos contrarios a su mandato, echan mano del occidente para desestabilizar su gobierno.
Y un último reto es no contar con el apoyo de importantes regiones de la comunidad internacional como lo es la Unión Europea que le ha impuesto un embargo de armas y sanciones económicas cuyo término se extiende hasta febrero de 2018 y que tuvo por motivación la aprehensión de elementos de la oposición.
Además, el gobierno bielorruso es altamente cuestionado por la no abolición de la pena de muerte, que de acuerdo con la organización local Viasna, se encuentra acompañada de la negación de información a los familiares de los acusados como también la entrega del cuerpo. Organismos internacionales defensores de los derechos humanos han tipificado a esta pena de muerte como “secreta”.