El 31.3 por ciento de 16 ministerios públicos estatales encuestados consideró mala la capacidad policial para realizar detenciones en flagrancia, mientras que el 56.3 por ciento la consideró de regular y el 12 por ciento como buena.
Lo anterior de acuerdo con el informe “La cara del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué le falta al policía primer respondiente?” del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), que realizó este análisis a un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y que evaluó la labor policial conforme a sus actas de acción, encuestas a ministerios públicos y policías, así como las audiencias iniciales.
El analista en seguridad Alejandro Hope expuso que los resultados del informe podrían considerarse como sugerentes, por el tamaño de la muestra. Pero no descartó que los cuerpos policiales arrastren graves problemas.
Asimismo, expuso que en muchos casos son los Ministerios Públicos los que exigen el llenado de determinadas actas a las policías del país y no las propias autoridades policiales. El llenado de estas actas no se realiza a cabalidad, según las respuestas de los Ministerios Públicos. El 75 por ciento calificó de mala la capacidad policial para llenar el Informe Policial Homologado (IPH).
Esto se traduce en opacidad sobre la labor policial, en especial, sobre el uso de la fuerza. Según el informe en el 79 por ciento de los informes no se especificó el nivel del uso de la fuerza.
Además resaltaron la lentitud de los policías para llenar estas actas también es considerable. El 50 por ciento de los policías consideraron que les lleva entre 3 y 5 horas llenar el IPH.
Finalmente, Hope habló de la mala relación entre ministerios públicos y policías. Un abismo que podría traducirse en mayores tensiones con el NSJP, que agiliza los procesos penales y evita la prisión preventiva.