Entre 2013 y 2016, la SSP estatal ha recibido 3 mil 334 solicitudes de evaluación de medidas cautelares, determinaciones que toma un juez para evitar la prisión preventiva, incrementando en más de mil por ciento, al pasar de 179 a 2 mil 31.
Así lo dio a conocer, durante la conferencia “Fortalecimiento a unidades estatales de suspensión a medidas cautelares“, Miguel Salvador Guzmán González, director de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien agregó que el aumento se debió a la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP).
Explicó que en 2013, fecha en que inicio a implementarse esta modalidad en el estado, se registraron 179, para 2014 la cifra aumentó 369 solicitudes, mientras que un año después creció a 755 y el año pasado fueron 2 mil 31, mientras que en lo que va de 2017 han sido 715.
Indicó que, a través de su área, se ha tenido una efectividad de 87.7 por ciento del cumplimiento de las personas que son determinadas a acatar las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.
Detalló que entre las más solicitadas se encuentran la presentación periódica ante la autoridad designada, la exhibición de una garantía economía, la prohibición de salir del país o localidad, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas.
Van 40 medidas por arraigo domiciliario
En su intervención, Mario cortes Aldama, juez de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), refirió que estas medidas deben estar fundadas ya que reflejan con claridad la “difícil” situación de conciliar la necesidad de proteger a la sociedad, en especial a la víctima u ofendida del delito, pero también se tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales del individuo sujeto a proceso.
Sostuvo que, a través de su área a cargo, de 2014 a la fecha se han dictado 40 sentencias interlocutorias, es decir, se suspende la pena de prisión por externamiento y su reclusión domiciliaría, aunque se tiene otros 30 expedientes en trámite.
Explicó que el número es poco debido a que la Sala de Ejecuciones del poder Judicial lo conforman dos jueces, uno que atiende los asuntos de los juzgados y Ceresos en la capital y otro, que está a su cargo, contempla los asuntos de los juzgados y penales del interior del estado.
Habrá Casa de Justicia para Adolescentes
En tanto, Juan Martín Hernández Cuevas, director de Planeación, Infraestructura y Sociedad de la Ceampaj, comentó que como parte de la consolidación del nuevo sistema, para este año se construirá una Casa de Justicia para Adolescentes que estará ubicada a un lado del Centro de Internamiento de Atención para Adolescentes (Ciepa).
Señaló que el inmueble tendrá un costo total de 57 millones de pesos, de los cuales 45 millones son para la obra, 9 millones para equipamiento tecnológico y 3 para el mobiliario en 3 millones; su ejecución iniciará en abril y tendrá una duración de 180 días.
Puntualizó que este proyecto se realizará en conjunto con la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (Ceampaj), ya que será la única en el país en su tipo, pues contará con espacios para talleres, así como una zona para visita conyugal.
Además de que contará con espacios para el DIF estatal, la Comisión de Derechos Humanos (CDH), la Secretaría de Salud, el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM).
