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lunes 14 de junio de 2021

Del fracaso en la estrategia de seguridad y el negocio de las fotomultas

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2018: ¿Segunda oportunidad para Osorio?

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que por un diseño institucional que Miguel Ángel Osorio Chong impuso al equipo del presidente electo Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2012, la Secretaría de Gobernación absorbió a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Osorio Chong alegó que de esa forma se tendría una mayor comunicación dentro del gabinete, mediante la cual, como proclamó el entonces asesor colombiano de seguridad de Peña Nieto, el general Óscar Naranjo, la violencia se acabaría en los primeros 100 días de gobierno. Ese ajuste colocó al secretario de Gobernación todo el sexenio sobre el tanque de dinamita que es la seguridad y que, al explotar, lo dañó. La estrategia de seguridad ha sido un fracaso.

Los homicidios dolosos no dejan de subir. De acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 50 primeros meses del gobierno de Peña Nieto se presentaron 75 mil 475 denuncias de homicidios dolosos, que son aquellos donde el delincuente le quita la vida a una persona conociendo las consecuencias legales que esa acción significa. Para entender la magnitud de esta cifra, en comparación, las denuncias de homicidios dolosos durante el mismo periodo en el gobierno de Felipe Calderón fueron 63 mil 94. Es decir, aumentaron 19.6 por ciento en el sexenio peñista.

La afirmación del equipo peñista de que se iba a reducir la violencia sin utilizar la violencia, sino sólo a través de la prevención, se volvió una broma de mal gusto para los mexicanos. Las áreas de prevención se quedaron sin presupuesto para este año y se tuvo que regresar a la violencia para combatir la violencia. Si los discursos cayeron a pedazos, la realidad hizo lo mismo con la estrategia. Sólo en los dos primeros años de gobierno se dio una ligera baja en las denuncias de homicidios dolosos, que repuntaron en agosto de 2015. Para el cierre de 2016, las denuncias de homicidio dolosos aumentaron 22 por ciento con respecto al año previo y el Estado de México, la tierra de Peña Nieto, mantiene el primer lugar nacional.

El mayor número de denuncias de homicidio doloso que se ha dado fue en 2011, cuando alcanzó las 22 mil 852. En 2014 cayeron a 15 mil 653, y comenzó la debacle. En 2015 subieron a 17 mil 34 y al año siguiente a 20 mil 789, la tercera cifra más alta en la historia de las mediciones, superada sólo por los datos de 2011 y 2012. De mantenerse la tendencia actual, 2017 será el más violento en la historia de México. Sólo en enero de este año hubo mil 938 denuncias de homicidio doloso, que es el número más alto desde 1997, cuando se comenzó a medir la incidencia delictiva, 71 denuncias más, incluso, que enero de 2011, el año de mayor violencia.

En materia de resultados, Osorio Chong tiene un déficit importante. Tendría un argumento para balancear, que es la gobernabilidad, pero el tema más visible en este capítulo, que fue la revuelta magisterial contra la reforma educativa, Peña Nieto le acredita ese trabajo al entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, a quien premió con la cartera de Desarrollo Social. En esta misma línea de argumentación, si la seguridad es la primera preocupación que tienen los mexicanos, de acuerdo con el Inegi, el secretario de Gobernación ha incumplido con su trabajo. Si la responsabilidad primaria de los gobiernos es proveer de seguridad a sus ciudadanos, entonces el de Peña Nieto ha incumplido con ella. Por tanto, si se trata de méritos, Osorio Chong no podría ser candidato a la presidencia. Pero es cierto que si por méritos fuera, tampoco el secretario Luis Videgaray cumplió con la encomienda de crecer al 5.0-6.0 por ciento que prometió Peña Nieto para el cierre de su gobierno, al encontrarse hoy en el umbral del 1.7 por ciento, con posibilidades de que baje aún más, como secuela de su manejo financiero en los cuatro primeros años del sexenio.

Aquí la columna completa

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Sobre cárceles y fotomultas privadas

Leo Zuckermann en su columna Juego de Poder, publicada en Excélsior, señala que está mal que el gobierno le concesione al sector privado la operación de fotomultas de tránsito por una razón: a fin de maximizar sus beneficios, al operador le reditúa que los ciudadanos comentan la mayor cantidad de actos ilegales posibles, algo que le conviene a la empresa privada, pero no a la sociedad. Cuando se privatiza un servicio como el de las fotomultas, los incentivos están chuecos.

Doy otro ejemplo para ilustrar el problema de la provisión privada de un servicio público con incentivos que no están alineados: las prisiones. En Estados Unidos se puso de moda este negocio a partir de los años ochenta con la llegada de Reagan al poder. Se formaron varias empresas operadoras de cárceles que incluso cotizan en la bolsa. Se suponía que el gobierno pagaría menos por cada preso debido a que los privados tienen una mejor capacidad de gestión de centros penitenciarios.

El negocio se expandió para incluir la construcción de penales con esquemas de asociaciones público-privadas. Todo iba viento en popa por el creciente encarcelamiento producto de la “guerra contra las drogas” en ese país. El problema es que la seguridad comenzó a mejorar en Estados Unidos a lo largo de los ochentas y noventas (véase, en este tema, el magnífico capítulo “¿Adónde se han ido todos los criminales?” del libro Freakonomics de Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner). Por tanto, cada vez había menos delincuentes que encarcelar. Una buena noticia para la sociedad, pero no para las empresas operadoras de penales. Para defender su negocio, comenzaron a cabildear a las legislaturas estatales y federal para endurecer la política de encarcelamientos: pedían incrementar los delitos sujetos a prisión y el número de años de reclusión. Todo eso favorecía a los privados, no a la sociedad en su conjunto.

Según un estudio de 2001 del Departamento de Justicia, las prisiones privadas ni salían más baratas al contribuyente ni proveían un mejor servicio que las públicas (https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/181249.pdf). En 2016, el gobierno de Obama anunció que los presos federales (alrededor del 10% del total) ya no irían a cárceles privadas, argumentando que no había ahorros sustanciales y sí más incidentes violentos en estos penales. Ese día las acciones de las empresas carcelarias cayeron hasta un 50% en la bolsa.

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Las corporaciones comenzaron a donar mucho dinero a la campaña de Trump, cabildeando, por un lado, que el gobierno federal las volviera a contratar si ganaba el republicano y, por el otro, que se encarcelara a los inmigrantes indocumentados durante su proceso judicial migratorio. Pues bien, ganó Trump, las acciones de las empresas carcelarias subieron como la espuma y el nuevo Presidente efectivamente suspendió la práctica de “detener y liberar” a los indocumentados. Los mercados esperan buenos negocios para estas corporaciones bajo Trump. Bien por ellos, pero no para la sociedad cuya seguridad no necesariamente mejorará con una política de más gente en las cárceles. Claramente los incentivos no están alineados.

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¡La candidatura de Mancera vale oro!

Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que hoy, en los previos al controvertido 2018, el nombre del juego parece ser “todos unidos contra Mancera”. Es decir, asistimos a la versión moderna del Tucom, que en 2006 destruyó a Roberto Madrazo.

La diferencia es que rumbo a 2018, los misiles lanzados contra el jefe de Gobierno de CdMx, no vienen solo del PRI, tampoco de Morena o del PAN. No, la “madriza” contra Mancera viene de todos: PRI, PAN, Morena y hasta uno que otro del PRD.

Y es que, a querer o no, resulta clave el papel de Mancera en la sucesión presidencial de 2018. ¿Y por qué el papel del jefe de Gobierno podría ser clave, si todos participan en el linchamiento de Mancera?

Por eso mismo, porque si consigue una candidatura presidencial por el PRD o por la vía independiente, Mancera podría inclinar la balanza a favor del futuro Presidente de los mexicanos.

Y si lo dudan, van algunas de las razones que están a la vista de todos.

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¿Por qué el futbol iba a ser la excepción?

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que quieren tomar el poder, no ganárselo. Florestán

En un hecho inédito en la historia del futbol nacional, el viernes pasado la Asociación Mexicana de Árbitros dejó a este país sin los partidos del fin de semana en protesta porque a dos jugadores, uno del América, Pablo Aguilar, y otro del Toluca, Enrique Triverio, reportados por agresión a los silbantes centrales de sus respectivos partidos, los sancionaron con levedad por debajo de lo que señala el reglamento.

Y nos dejaron sin el pan del futbol, lo que provocó el enojo de muchos aficionados y de los presidentes de los equipos, algunos de los cuales aprovecharon la crisis para lanzar otra ofensiva para hacerse del control de la Federación Mexicana de Futbol.

Los programas deportivos del domingo no tuvieron otro tema en todo el día y un ex jugador apuntó algo muy cierto: cómo entender que la violencia, derivada de la inseguridad y la impunidad, digo yo, sea el principal problema de la sociedad mexicana y se indignan cuando llega a ese fenómeno social, apasionante, que es el futbol.

En los dos últimos años hemos visto cómo ha crecido la violencia en las tribunas donde no solo ha aumentado el número de enfrentamientos en algunos estadios, sino el tono violento de la violencia.

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¿Se chamaquearon a Barbosa?

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que hace 4 días en Morelia se llevó a cabo una reunión que hoy cobra relevancia. En la capital michoacana sostuvieron un encuentro “muy fructífero” el gobernador de la entidad y aspirante a la candidatura presidencial del PRD, Silvano Aureoles, y el senador Raúl Morón. En la reunión, nos comentan, Aureoles y Morón acordaron que el mandatario apoyaría la llegada del legislador a la coordinación del Senado, tras la renuncia a la misma por parte de Miguel Barbosa. A cambio, nos aseguran, Morón se comprometió a tres cosas: seguir en la ruta de la candidatura de Aureoles y de la mano con él para fortalecer el partido, aislar definitivamente a Miguel Ángel Mancera e iniciar la limpia de los que están o quieren estar con Andrés Manuel López Obrador. Parecería ilógico que Barbosa entregara de tan buen talante la coordinación a un personaje que iría en contra de sus intereses, en especial en lo relacionado al apoyo a AMLO. Nos dicen que don Miguel no estaba al tanto de lo acordado entre don Silvano y don Raúl. Además, consideran que Barbosa aceptó sin problema la llegada de Morón porque podría pensar que él no le hace sombra y también veía muy cerca la posibilidad de que la coordinación le fuera entregada por la dirigencia a la senadora Angélica de la Peña, perteneciente a la corriente de Los Chuchos. ¿Se habrán chamaqueado al experimentado senador?

El Cuau cambia de camiseta

Nos confirman que el día de hoy el alcalde de Cuernavaca, el futbolista Cuauhtémoc Blanco, cambiará de camiseta. Nos adelantan que El Cuau vestirá a partir de hoy los colores del Partido Encuentro Social (PES). Se espera que el partido dé a conocer hoy la llegada de Blanco a sus filas luego de que él solicitó a la fuerza política apoyarle para que le sea devuelto el mando de la policía municipal, toda vez que acusó al gobierno de Morelos de no dar resultados en este rubro. El anuncio, nos dicen, será en un hotel de la Ciudad de México, a casi un mes de que don Cuauhtémoc enviara una carta al presidente del PES, Hugo Eric Flores, en la que le pedía su apoyo y la posibilidad de incorporarse al partido.

Aquí la columna completa

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que Andrés Manuel López Obrador volverá a tener en Ciudad Juárez una reunión con una audiencia poco usual, pero esta vez no serán 200 empresarios, como ocurrió en El Paso, Texas, sino 500, de Chihuahua y otros estados del norte, donde los partidos de izquierda han tenido históricamente baja penetración y poco arraigo en segmentos sociales empresariales en los que el líder de Morena llegó a ser tachado, años atrás, de “peligro para Mexico”.

Entre quienes organizan esa red empresarial regional de apoyos están Rafael Espino de la Peña, ex subprocurador fiscal federal; Cruz Pérez Cuéllar, ex diputado federal por Acción Nacional, y Leonel Reyes Castro, ex operador electoral del Partido Revolucionario Institucional.

Estos norteños le piden escuchar y dar a los empresarios un mensaje mesurado, plantear objetivos claros y por nada del mundo mandar al diablo las instituciones.

Que en los cuatro viajes que ha hecho Miguel Ángel Mancera al extranjero en lo que va del año hay una constante: la compañía del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, quien ha sido el único en estar con su jefe en Los Ángeles, Londres y dos veces en Chicago, con la encomienda de mantener, y de ser posible mejorar, el crecimiento económico de la capital del país.

Por la facilidad con que lo han visto moverse en los ambientes académicos y de negocios en el exterior, parece que Chertorivski tendrá que checar la vigencia de su pasaporte, y como ya le han encargado otras batallas, como la del salario mínimo, no sería nada extraño que le caigan nuevas encomiendas de su jefe.

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Redacción Ángulo 7http://www.angulo7.com.mx/author/redaccion/
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