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Vivienda en Puebla: nuevas leyes contra los pobres

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El lunes 6 de marzo, el periódico 24 Horas Puebla publicó bajo el título de “Proponen penas más duras para coyotes inmobiliarios”, la siguiente información: “El Congreso de Puebla analiza imponer penas de cuatro a 10 años de cárcel y multas hasta de 40 mil pesos en contra de los funcionarios (contra funcionarios… ¿es en serio?) y ciudadanos (esto sí es en serio) que, por omisión o iniciativa propia, permitan o impulsen la instalación de asentamientos irregulares en el estado (¿Y por qué existen asentamientos irregulares?). La propuesta fue presentada al pleno por el presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Pablo Fernández del Campo, e incluye a todas las entidades públicas o privadas que autoricen de manera indebida la construcción de viviendas en zonas de riesgo. Las penas de cárcel y multas, indica la iniciativa, se impondrán ‘independientemente de las que correspondan en caso de acreditarse un daño patrimonial o lucro indebido’ (O sea: cárcel sobre cárcel). ‘Es necesario consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos (Uf. Esto, como siempre, es pura y vil palabrería), garantizando la estabilidad social, económica y ambiental (¿la estabilidad de quién? ¿De los ciudadanos? No lo creo). También deben evitarse los asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales’, señala la propuesta que reforma el Código Penal de Puebla. Un asentamiento humano irregular se desarrolla cuando un grupo de personas se establecen en un inmueble dividido para fines de vivienda, comercio o industria sin contar con las autorizaciones de las autoridades, explicó Fernández del Campo. Las autoridades del Ayuntamiento de Puebla reconocen que en la capital hay por lo menos 180 asentamientos irregulares que ocupan 35 por ciento del área urbana total (¡el 35 por ciento del área urbana total! Esto es un escándalo. ¿Y a todos ésos los van a meter a la cárcel?). Este tipo de establecimientos son también las zonas que concentran el mayor nivel de marginación (¿Y esto no le dice nada a los autores de la propuesta?).

Como ejemplo, el Plan Municipal de Desarrollo de la capital de Puebla indica que la existencia de estas zonas y su crecimiento descontrolado han segregado a la población y han producido carencia de la mayor parte de los servicios básicos (¿no será que la culpa es del gobierno?)”.

De inmediato me asaltó una cascada de dudas: ¿No será que el autor del nuevo reglamento está mal de la cabeza? ¿No ve la contradicción evidente en su propia redacción? ¿No se da cuenta de que la gente no tiene dinero para comprar una casa y ésta es la razón de que busquen otras formas para hacer valer el derecho a la vivienda digna? Y, finalmente, ¿de quién es la culpa de que la gente no tenga dinero?

Líneas adelante, el periódico que dirige el vocero de los “ciudadanos auténticos” de Puebla lanza la pedrada: “Además, los habitantes de estas zonas se han convertido en botín de agrupaciones sociales como Antorcha Campesina”. Así, sin más pruebas que su saliva inmunda, el diario de Mario Alberto Mejía nos acusa con la rabia del mejor ganapán gubernamental. Pero nosotros nos atenemos, por supuesto, a lo que hace muchos años dijo el redactor de La gaceta de los trabajadores, Vincent Theodore Spies: “Mi defensa es vuestra acusación; mis pretendidos crímenes, vuestra historia”. Porque, en efecto, se nos acusa de convertir en botín a los habitantes de las zonas irregulares sin haber probado antes que nosotros somos los promotores de esos asentamientos; se criminaliza a la gente por vivir en zonas irregulares y se le amenaza con cárcel y multas, usando la ley como garrote contra los débiles, sin pensar en el propio crimen que cometen cuando se pasan por el arco del triunfo aquello de que la Constitución garantiza una vivienda digna para todos los trabajadores mexicanos.

Que el 35 por ciento del área urbana en la capital sea zona irregular no es culpa de los trabajadores y mucho menos de Antorcha; hay que ser idiota para razonar así. Es culpa, y de esto no hay ninguna duda, de los gobiernos y empresarios: unos porque no le ofrecen vivienda de calidad y accesible a sus gobernados; otros porque pagan salarios de hambre que si no alcanzan para comer, menos alcanzan para comprar una vivienda. Y aquí, los nuevos fiscales de hierro, los perfumados tribunales del Santo Oficio que lanzan a la hoguera a los desarrapados que se hacen justicia, “olvidan” que la pobreza es un crimen del que son culpables. ¿No acaso la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a un salario remunerador para vivir decorosamente? ¿No es cierto que esos salarios remuneradores son tan desconocidos como las minas del Rey Salomón?

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Por tanto, el diputado priista Pablo Fernández del Campo, la panista Myriam Arabián Couttolenc y todos los que andan inventando nuevas ordenanzas para combatir la pobreza deberían dedicar su tiempo a cuestiones más productivas, como, por ejemplo, cumplir las leyes que ya existen y dotar a todos los poblanos de una vivienda decorosa y digna. En una palabra: hacer valer la Constitución, a la que no le hacen falta composturas como las que proponen, sino, sencillamente, que se le deje de conculcar. Estamos de acuerdo en que se deben prohibir los asentamientos irregulares, especialmente los que ponen en riesgo la vida de las familias, siempre y cuando gobiernos y empresarios ofrezcan pleno empleo e incrementen los salarios al punto en que los pobres puedan comprarse la casa que merece su descanso tras largas y extenuantes jornadas de trabajo. ¿Lo podrán hacer, señores reformistas?

Hace muchos años, el genial F. Engels escribía a propósito de las componendas cortoplacistas sobre el problema de la vivienda: “(la penuria de la vivienda) es un producto necesario del régimen social burgués. No podría existir sin penuria de la vivienda una sociedad en la cual la gran masa trabajadora no puede contar más que con un salario y, por tanto, exclusivamente con la suma de medios indispensable para su existencia y para la reproducción de su especie; una sociedad donde los perfeccionamientos de la maquinaria, etc., privan continuamente de trabajo a masas de obreros; donde el retorno regular de violentas fluctuaciones industriales condiciona, por un lado, la existencia de un gran ejército de reserva de obreros desocupados (veamos, en nuestro caso, a los comerciantes ambulantes) y, por otro lado, echa a la calle periódicamente a grandes masas de obreros sin trabajo. (…) La penuria de la vivienda no es en modo alguno producto del azar; es una institución necesaria que no podrá desaparecer, con sus repercusiones sobre la salud, etc., más que cuando todo el orden social que la ha hecho nacer sea transformado de raíz”.

Los políticos mexicanos, y muy en especial los poblanos, se han acostumbrado a “resolver los problemas” estructurales del sistema imponiendo nuevas leyes y reglamentos que no atacan la raíz de esos problemas y, peor aún, que hacen crecer el descontento social. Ustedes criminalizan los derechos de la gente al trabajo, a la vivienda, a la organización, a la protesta social y a todo: pero la historia no perdona. No porque impongan leyes contra los pobres dejará de verificarse el inevitable progreso de la humanidad; al contrario, sólo están acelerando lo inevitable y agitando las aguas en las que se ahogarán el día de mañana. Que conste.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

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Aquiles Montaño Brito
Periodista. Tomo café, luego existo. Vocero de Antorcha en Puebla. Estudiante de la Maestría en Letras.
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