Por un daño patrimonial de 134 millones 916 mil 970 pesos, seis exalcaldes priistas, el extitular de la Operadora Estatal de Aeropuertos y el exrector de la Universidad Tecnológica de Oriental fueron sancionados con 320 millones 149 mil 963 pesos.
Así lo acordaron 30 diputados que acudieron este miércoles a la sesión ordinaria del Congreso local, quienes además votaron a favor de que sean inhabilitados y que se remita una carta a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para informarle de las sanciones.
Cada uno de los exediles deberá pagar la suma del daño patrimonial cometido y la multa, entre los que destaca José Rubén Gil Campos, de Izúcar de Matamoros, quien estuvo preso 4 años (de 2008 a 2012) en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Sólo del 15 de febrero al 31 de marzo de 2008 –mes y medio antes de ser aprehendido– Gil Campos cometió un daño patrimonial de 367 mil 763 pesos, por lo que el Legislativo poblano impuso una multa de 91 mil 940, es decir, que deberá pagar en total 459 mil 704 pesos, además de ser inhabilitado por 12 años.
De los sancionados, el exmunícipe de Jopala, Enrique Antonio Álvarez, registró el mayor daño patrimonial, pues del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, desaparecieron de las arcas municipales 48 millones 800 mil pesos, provenientes de presupuesto y participaciones federales así como recursos de diferentes programas.
Por ello, fue multado con 73 millones 201 mil pesos, por lo que deberá pagar 122 millones 2 mil pesos y, de igual forma, fue inhabilitado por 12 años.
Los otros sancionados
Por su parte, Agustín Filogonio Pacheco Olivares fue el alcalde que menor malversación de fondos registró, con 10 mil 526 pesos, por lo que su multa corresponde a 2 mil 631, o sea que en total debe 13 mil 157 pesos, pero también fue inhabilitado por 12 años.
Los otros expresidentes municipales sancionados fueron: de Tecali de Herrera, José Francisco Rosas Romero, con 86 millones 734 mil 184; de Pahuatlán, José Luis Aparicio Mejía, 11 millones 369 mil 834 y de Vicente Guerrero, Juan Romero Huerta, con 86 millones 981 mil 295 pesos.
En tanto, Fernando Ramírez Elizalde, extitular de la extinta Operadora Estatal de Aeropuertos, en el sexenio del gobernador priista Mario Marín Torres, cometió en 2010 un daño patrimonial por 1 millón 671 mil 854 pesos, por lo que fue sancionado con 417 mil 963 mil, lo que arroja una deuda de 2 millones 89 mil 818 pesos, además de su inhabilitación por 12 años.
Por otro lado, José Roberto Fidel Fuentes López, exrector de la Universidad Tecnológica de Oriental y ahora Enlace Administrativo de la Gerencia del Centro Histórico de Puebla, cometió un daño por 6 millones 999 mil 890 pesos, lo cual le valió una sanción de 3 millones 449 mil 945, que en suma, debe cubrir un total de 10 millones 499 mil 835 pesos.
En este punto cabe mencionar que fue inhabilitado por 11 años y seis meses, por lo que estaría obligado a dejar el cargo que actualmente ostenta.
Inician procedimiento contra 26 alcaldes
En otro ámbito, se acordó el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) en contra de 26 alcaldes, donde destacan los de Acatlán, Lenin Martínez Reyes; de Acatzingo, Carlos Alejandro Váldez Tenorio; Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes; Quecholac, Néstor Camarillo Medina y Tetela de Ocampo, Ricardo Gualterio Aco Farfán, todos ellos por irregularidades en sus cuentas públicas de 2014.
A Ángel Osorio Nicolás, de Huitziltepec; Mauricio Evaristo Fabián, de San Nicolás Buenos Aires; Cabina Leticia Trejo Olaya, de Xochiapulco y, nuevamente Martínez Reyes, se les detectaron anomalías en sus cuentas pero de 2013.
De igual forma, Juan Pablo Ruíz González, titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Teziutlan (Soapat) también será sometido a procedimiento por la misma razón.
En otro tema, fueron aprobadas las cuentas del mismo periodo de 12 alcaldes y las de 2015 de seis rectores de distintas universidades ubicadas al interior del estado.
