El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado determinó en un estudio que no existió una crisis de seguridad, ni una ola de violencia (salvo en Michoacán), que justificará el despliegue simultáneo de operativos de Fuerzas Armadas en varios estados en 2006 y 2007.
El informe denominado “Seguridad interior: elementos para el debate” sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública concluyó que la implementación de estos operativos, lejos de disminuir la violencia existente, la incrementó “de forma drástica”.
Asimismo el documento destacó que hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional de seguridad pública, decidido en 2007 y refrendado hasta la fecha.
Según la investigación la implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana.
El centro de estudios legislativos del Senado constató que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en marcha.
Violaciones a derechos humanos crecieron
Además, las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por militares, también registraron un crecimiento.
Finalmente, el IBD determinó que los proyectos para normalizar legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.
Cabe mencionar que el Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia (Mnspj), Causa en Común y la Red Nacional por la Seguridad coincidieron en que las fuerzas armadas deben dejar las calles, al tiempo que debe fortalecerse el marco normativo.
Advirtieron que a 10 años de la guerra contra el narcotráfico ha quedado evidenciado que el problema de la seguridad no se resuelve “llevando a nuestros hermanos militares a las calles, ello porque su función constitucional es otra y su formación obedece a esa alta y honorable función”.