El pasado 5 de febrero, se celebró el Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también llamada Ley de Leyes, Ley Suprema, Carta Magna, etc.
A cien años de su promulgación, considero necesario recordar que el texto original respondía a las demandas más sentidas de la población que dieron origen a la Revolución Mexicana, por ello también se le consideró como la primera Constitución Social.
No obstante, a cien años de su promulgación, sus autores, quienes conformaron el Constituyente, seguramente hoy dirían que no se entendió lo que plasmaron, porque es común observar a niños y adolescentes que a pesar de contar con un derecho consagrado en la Constitución, no pueden asistir a la escuela y formarse académicamente; se sabe de muchos juicios laborales que se han prolongado injustificadamente y muchos otros en los que a pesar de contar con laudos favorables, los trabajadores no los han podido ver cumplidos y que se les pague lo que en derecho corresponde; no menos grave es la situación en el campo, ya que a pesar de haberse llevado a cabo la dotación de tierras a núcleos ejidales y comunales, quienes se dedican a las actividades agrícolas –la mayoría productores en pequeño- obtienen cada vez menos ganancia por su trabajo y enfrentan graves dificultades para producir y comercializar; asimismo, a pesar de que el gobierno ha impulsado programas de regularización de la tenencia de la tierra, algunos ejidos y bienes comunales se mantienen como pequeños feudos en los que los integrantes del Comisariado se toman atribuciones que no les corresponden y afectan a otras personas.
Igualmente grave es que hoy diversas personas y grupos busquen hacer justicia por propia mano, ante lo tortuoso que puede resultar acudir ante las instancias encargadas de procurar e impartir justicia, y también es de lamentar que grupos de la delincuencia organizada infiltren instancias gubernamentales o coopten a funcionarios públicos.
Sin duda, el Constituyente de 1917 se propuso sentar las bases para un México en el que imperara el estado de derecho, en el que hubiera mejores condiciones de progreso y desarrollo para todas las personas, en el que se cuidaran y aprovecharan mejor las riquezas nacionales, un México en el que se respetara la ley y se buscara siempre el crecimiento económico y el desarrollo social.
Entonces, ¿Qué pasó? Sin duda, con el paso de los años han cambiado muchas cosas en nuestro país y en el mundo.
En el caso de las reformas a la Constitución Mexicana, se han realizado análisis desde distintos enfoques, pero la mayoría coinciden en que con el paso de los años y con los cambios que se le han realizado, se ha perdido parte del espíritu del Constituyente de 1917, se han privilegiado proyectos o intereses de grupos en el poder e incluso algunas reformas han tenido como origen las corrientes o propuestas económicas internacionales.
Desde luego que esto ha sido posible porque un número importante de quienes integran o han integrado el Constituyente permanente, desconocen el alcance y la riqueza de la que fue considerada internacionalmente una Constitución de avanzada. Baste como una muestra clara de ello, un reportaje realizado recientemente por Grupo Imagen, en el que evidenciaron a legisladores federales que desconocen el número de artículos de nuestra Constitución o qué artículos consagran el derecho a la educación y al trabajo.
Después de ver este reportaje, entendí que es muy difícil que se dé un verdadero análisis y debate en temas cruciales para nuestro país en el ámbito legislativo, y que los legisladores –al menos, los entrevistados- sepan y entiendan que forman parte del sistema que debe hacer real la división de poderes. Seguramente al momento de las respectivas entrevistas, se preguntaron ¿Constitución? ¿Artículos? ¿Con qué se come?
Hasta pronto.
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