Las recientes declaraciones emitidas por voceros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), condenando la entrega automática de plazas a egresados de las escuelas normales públicas de Oaxaca, en contra de lo dispuesto por las reglas establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente (Lgspd), generan cuestionamientos sobre el papel real que juega esta organización fundada en 1943. El SNTE, marginado de acuerdos políticos pactados originalmente entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación, mediante los que se reconocieran derechos laborales adquiridos por los y las docentes al servicio del Estado, firmados a instancia de la dependencia entre los gobiernos de los estados de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pareciera ocupar tan sólo un lugar de comparsa en el escenario educativo, al margen de las condenas públicas que al respecto emitieran Nuño Mayer y la organización pro-empresarial Mexicanos Primero A.C.
Vinculado desde su origen al control político del gremio, el SNTE pronto se convirtió en un factor real de poder subordinado a los gobiernos revolucionarios en turno, incluidos los emanados del Partido Acción Nacional (PAN). Lo mismo se pronunciaba en favor de las candidaturas oficiales -se sumaba a la cargada- que se responsabilizaba del manejo político de proceso electoral ostentando la representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diferentes órganos electorales, incluidas presidencias de las mesas de casilla. Encargado adicionalmente de instrumentar operaciones como las del carrusel y el mapache, en no pocas ocasiones, el SNTE era responsable del bautizo de las urnas, procedimiento previo a la apertura de la casilla electoral e incluso cuando se requería, comandaba grupos de choque integrados por mentores de educación física. Sus dirigentes, premiados con posiciones en los órganos ejecutivo y legislativo pronto entendieron la importancia de jugar un papel de intermediarios entre los intereses del gobierno y los particulares de los y las trabajadoras de la educación.
Favorecidos por disposiciones legales plasmadas en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el SNTE asignaría hasta que la “reforma educativa” lo permitiera, una de cada dos plazas de nueva creación lo mismo que una de cada dos vacantes generadas por incidencias de personal, más las que podía cooptar por decisión de los y las maestras interesados. Sindicato millonario que posee cerca de 700 inmuebles adquiridos, merced a las cuotas sindicales retenidas vía nómina a “todos” los trabajadores y trabajadoras de la educación, transferidas al comité ejecutivo nacional del sindicato por la administración federal y las estatales, incrementa su fortuna por transferencias de recursos gubernamentales opacas (entre las que se encuentran edificaciones) que les son entregadas por diferentes pretextos y diferentes modalidades. Si bien, supeditado en todo momento a las disposiciones, a los intereses gubernamentales y a la negociación con las autoridades educativas interesadas en intercambios de favores y plazas de beneficio personal, la intervención del SNTE facilitaba la obtención de plazas de nuevo ingreso para recomendados; basificaciones anticipadas para fieles seguidores; ascensos y/o promociones; cambios de adscripción; incrementos salariales normales -y otros no tanto- obtenidos mediante estrategias sofisticadas tras la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (FAEB) como la doble negociación salarial y la equiparación de las prestaciones al alza, entre ellas las salariales reconocidas por el ANMEB; manipulación del escalafón – en contubernio con sus pares institucionales para beneficiar a los “cuates” que habían hecho méritos sindicales suficientes para lograr promoverse; becas para hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras; becas comisión para la realización de estudios de posgrados en el estado, el país y/o en el extranjero; acceso a programas de vivienda y a tiendas departamentales con precios subsidiados; obtención de licencias con y sin goce de salario para ausentarse de sus labores, incluidas las “artículo 41” por tiempo indefinido, licencias que muchos y muchas mentoras utilizaran para irse de “mojados” y trabajar en restaurantes gringos “pa nivelar la economía familiar“; trámite de días económicos estuviesen o no ligados a puentes vacacionales; gestión ágil y oportuna para lograr las hojas que facilitaran la obtención de prestamos a corto, mediano y largo plazo que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste); solución de conflictos entre agremiados, agremiadas y autoridades inmediatas, entre las que se encontrarían directores de planteles, supervisores escolares, jefes de sector incluidos los mandos medios y superiores de las secretarías de educación.
Sin embargo, tras cuatro años de reforma, las cosas han cambiado y el SNTE se ha convertido en un organismo de relumbrón que sólo aplaude las ocurrencias y las políticas que pretende instrumentar Aurelio Nuño Mayer. La bilateralidad en la asignación de plazas de nuevo ingreso para educación inicial, básica y media superior ha caducado y salvo en las entidades en las que es pactada, el ingreso al servicio profesional docente se realiza mediante un concurso nacional -desde la época de Calderón-, salvo en el caso de la educación superior en la que persiste el reparto de plazas entre líderes del SNTE y autoridades educativas. En el presente año, la situación es diferente y ahora las canonjías están bajo la férula de la burocracia educativa. Los permisos, las licencias, la becas y demás “prestaciones”, dependen del capricho del titular del despacho educativo en las entidades y la doble negociación que incrementaba sensiblemente el ingreso de los y las trabajadores de la educación ha sido finiquitado. Ni la inamovilidad otrora, logro sindical, se conserva y baste disentir para que la autoridad educativa cese y/o traslade al maestro o a la maestra que disiente de la opinión de la autoridad, a otro centro de trabajo distante en horas del lugar en el que habita con su familia.
Esas y otras razones similares justifican la pregunta que se hacen los ahora los trabajadores y trabajadoras de la educación al servicio del estado ¿para qué sirve el sindicato? La respuesta resalta por sí misma, sirve tan sólo para cobrar las cuotas obligatorias que les descuentan a los trabajadores de la educación sin su consentimiento. Para recibir transferencias millonarias del gobierno (como los mil 600 millones de pesos que le asignará la SEP para difundir los principios de la reforma educativa) y entre otros, hacer multimillonarios a quienes hacen negocio con los seguros del maestro y a quienes desde la organización, impulsan ventas diversas, incluidos prestamos personales, con descuento en nómina. De paso sirve para hacer grilla nacional y promover a su secretario general internacionalmente y atacar a la CNTE por defender las conquistas laborales adquiridas. Tiene complejo de becerro y de esquirol, pobre SNTE, tan cerca de las autoridades y tan lejos de sus agremiados.
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