Hablar del agua y algunas medidas tomadas en torno a la privatización de ella, se ha vuelto tema constante en el estado de Puebla y, específicamente en la zona metropolitana y la zona periurbana de la ciudad.
El oro líquido como en muchos lugares se le conoce ha sido factor de estudio desde las sociedades primigenias. Vayamos al “año 805 donde se tienen documentados más de 3,600 tratados en torno al agua en aspectos de navegación, energía eléctrica, pesca, irrigación de cultivos, delimitación de fronteras, accesos a manantiales. Alrededor de 300 de ellos no tienen que ver con navegación y abarcan aspectos relacionados con la cantidad de agua, su calidad y la hidroenergía.
De 1820 al año 2014 se han firmado más de 400 acuerdos que consideran al agua un recurso precioso, caro, limitado y finito”. (V. Privatización del Agua en el Mundo)
La problemática por el valioso líquido, ha ido en aumento; los gobiernos han estado en constante lucha no por la carencia o la calidad del líquido, sino por la forma en la que se gobierna y/o se administra. Estas diferencias han provocado conflictos nacionales, estatales y municipales.
Si bien es cierto que, las políticas públicas en temas hídricos no han sido del todo acertadas, se debiera generar un equilibrio entre la forma en que se ha decidido administrar. Volvamos a recordar el papel que debe asumir el estado, pues es él quien debe estar pendiente del suministro, puesto que es el único responsable del servicio de aguas pese a que se transfiera a una compañía privada a través de una concesión.
Ahora bien, volvamos a septiembre de 2013, cuando el Congreso local aprobó la reforma a la Ley de Agua para que los organismos operadores de los municipios pudieran dar en concesión el servicio a empresas privadas, las cuales podrían fijar tarifas y embargos.
La iniciativa, presentada por Rafael Moreno Valle, aplica desde entonces para 25 sistemas operadores de agua potable y alcantarillado que son manejados por los ayuntamientos, entre los que se encuentran los municipios más poblados de la entidad. Entre varios municipios se encuentra Puebla y si recordamos que Agua para Todos, fue un ente que surgió de manera express justo 72 horas antes de que se emitiera el fallo de la licitación del sistema operador de agua potable y que evidentemente la autoridad competente lo observa como un hecho que de manera tramposa gana pese a que no hubo licitación pública y mucho menos batalla en igualdad de circunstancias.
Ahora bien, si bien es cierto que la privatización del agua, es y seguirá siendo uno de los grandes problemas en el municipio de Puebla, hoy se suman a la demanda ciudadana otro municipio conurbado Cuautlancingo; y, justo el pasado 31 de enero, representantes de organizaciones de la sociedad civil encabezados por Juan Carlos Cotzomi , Antonio Barrera Evangelista, Miguel Cotzomi y Homero Xicotencátl Torres, de “Juntos Cambiemos a Cuautlancingo” “Frente Campesino Mexicano” y de la “UR”, entregan un documento dirigido a los integrantes del cabildo encabezado por Félix Casiano Tlaque, donde palabras más o palabras menos hacen referencia a la modificación hecha a la Ley de Puebla en su artículo 12 fracción VI, que por cierto, afirmaron que “es inconstitucional ya que contraviene los dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En el documento afirman que: “se encuentran preocupados, molestos y en desacuerdo, porque violentan de manera mañosa la autonomía municipal de Cuautlancingo y perjudica el bienestar de sus habitantes”.
Bajo este orden de ideas, y recordando algunas cifras de analistas en el tema, han afirmado que con Moreno Valle se incrementó el costo de la tarifa de agua en un 500% y con mayor incidencia en la zona norte del municipio de Puebla, justo en los límites con Cuautlancingo. Por ello, los habitantes del vecino municipio, están solicitando que no se privatice el servicio de suministro de agua, argumentando el hecho que lo establecido por la Carta Magna se iría por la borda.
Convertir al agua en derecho fundamental ayudaría a introducir en la conciencia colectiva la idea de que este recurso es una necesidad vital para la supervivencia del planeta y no un instrumento más que forma parte de los procesos de producción industrial. El agua como derecho permitiría que nuestro estado fortaleciera su posición frente a los poderes privados que hoy ejercen fuertes presiones sobre los ciudadanos, pese a que las autoridades fijen su posicionamiento, los ciudadanos y sobre todo en las colonias populares, molestos por los altos costos y el pésimo servicio de suministro del vital líquido, seguirán haciendo cierres de calles, manifestaciones y amparos. Al tiempo.
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