Mientras que el país vive entre la molestia y el enojo que le provocan gasolinazos, incrementos generalizado de precios y la actitud racista, xenófoba y antimexicana del mandatario norteamericano, persiste el debate causado por la instrumentación de “protocolos de seguridad” en escuelas públicas y privadas de educación básica así como en las media superior, ordenadas por el titular del ejecutivo federal.

Destacan las ocurrencias asumidas por personajes chocarreros que “instruyen” a sus encargados de despacho para que construyan 5 preparatorias militarizadas que enderecen de chamacos y chamacas que tengan mala conducta siempre y cuando sus padres lo soliciten, las promesas y los actos de fe que postergan soluciones en torno a la ejecución del nuevo modelo educativo, presuntamente programado a para iniciar en el ciclo escolar 2028-2019, que enseñaría al estudiantado a convivir armónicamente mediante el desarrollo de habilidades socioemocionales y el aval emitido por el Congreso del Estado de Durango a la revisión de las mochilas en la escuelas (programa integral de escuela segura), que evite la introducción de “armas o sustancias psicotrópicas a las instituciones educativas lo mismo que, en otras entidades, de “objetos no aptos para la actividad escolar”.

En tanto, las escuelas se convierten de un día para otro en territorios de excepción y sus habitantes niñas, niños y adolescentes sometidos a un estado de sitio, vejados en sus derechos humanos, encadenados a medidas disuasivas y pasados a la bascula cual reos de alta peligrosidad, a pesar de no existir previamente un mandato judicial. Todos, niñas, niños y adolescentes sin excepción, tratados por la disposición gubernamental, como “presuntos” delincuentes portadores de armas y sustancias prohibidas y sus padres, madres y personal docente, habilitados como “gendarmes”, dejando de lado la función que les es propia.

Por obra y gracia de las autoridades, las escuelas dejan de ser lugares seguros a los que tutores, padres y madres de familia envían a sus hijos y se convierten en sitios inseguros que deben estar custodiados por la “fuerzas del orden”, incluidos destacamentos militares en una entidad -como señalan un medio de comunicación-, a pesar de que las estadística muestran una baja incidencia en la comisión de delitos mayores tomando en consideración que existen 200 mil planteles en el país.

Las diatribas a la medida a las ocurrencias y a las promesas institucionales no se han hecho esperar. Sin embargo, a pesar de la críticas a una instrucción reactiva, algo habría que hacer. Tienen razón los especialistas cuando señalan que lo que pasa en la escuela es tan sólo un reflejo de los que sucede en la realidad y que habría que rehacer el deteriorado tejido social para mejorar la convivencia escolar, a pesar de las condiciones azarosas que vive la nación.

Cuestión que pasaría por modificar el modelo económico neoliberal que ha empobrecido a las familias mexicanas, impidiendo que padres y madres de familia “dediquen tiempo” a sus hijos e hijas, por tener que ambos que trabajar y por encontrarse sus sitios de labor a grandes distancias de sus domicilios fundamentalmente en las grandes urbes. Mejorar la seguridad pública y social, combatir al crimen organizado, terminar con la corrupción institucionalizada, combatir frontalmente a la impunidad, disminuir la pobreza endémica, recuperar las formas sociales de organización, redistribuir de manera equitativa la riqueza, contar con salarios remuneradores y jornadas acumuladas que permitan que padres y madres convivan con sus hijos e hijas.

En el que hacer institucional que pretende paliar los entuertos provocados por la operación mochila, destacaría la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hecha a las autoridades, mediante la que les señala “que para prevenir y erradicar la violencia en los centros escolares, no se debe atentar contra la dignidad, vida o integridad física o mental, de los alumnos” (La Jornada) y que cualquier medida que afectara a los y las menores, incluida la revisión de las mochilas, debería contar con el aval de tutores, la participación de padres de familia y la conformidad del personal docente.

Tan importante como el respeto a la integridad de los y las menores es el que merecen maestros y maestras. La campaña de desprestigio y la violencia desplegada por el encargado de despacho y por organizaciones civiles como Mexicanos Primero en contra del magisterio nacional culpándolos de la “mala calidad” de la educación, debe cejar.

Poco abona a la dignificación de una profesión crucial para la formación de los seres humanos y si en mucho deteriora su imagen, cuestiona su empeño y como resultado genera faltas de respeto en torno a su persona y su cometido. Debe recular si verdaderamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al gobierno emanado de sus filas les interesa realmente la unidad nacional para enfrentar la crisis provocada por la administración de Enrique Peña Nieto y enfrentar a Trump, mandatario que declara soterradamente, la guerra a México, a sus intereses, a los mexicanos y mexicanas de aquí y de allende el rio Bravo.

Importante que al tiempo retroceder en la instrumentación de una medida de la que reconoce que no es la solución pero califica como disuasiva, Nuño adopto posturas pedagógicas y que recomiende, aunque sea a futuro, mejorar la convivencia escolar, retomar la enseñanza de valores y de habilidades socioemocionales en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y media superior, vigilar el acceso a los contenidos en redes a los que ingresan niños y niñas en los hogares y exhorte a la televisión comercial para que no transmita actos violentos en la programación disponible para menores y deje, ya no lo menciona en encargado del despacho educativo, de boicotear lo poco que se enseña en la escuela y en los hogares.

De paso y retomando la convivencia escolar y social, no estaría mal contar con espacios deportivos y culturales públicos, gratuitos y de calidad, fortalecer campañas de información y prevención del delito y del acompañamiento profesional para el tratamiento de la salud mental de los y las menores. Puros sueños guajiros.

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