Alcaldes de Estados Unidos rechazaron la intención de Donald Trump de privar de fondos a las jurisdicciones que no cooperen con las autoridades migratorias; en tanto Trump considera gravar con 20 por ciento importaciones procedentes México para pagar muro.
Mediante un comunicado de prensa, Tom Cochran, presidente de la asociación que agrupa a los alcaldes de mil 408 ciudades norteamericanas, entre las que destacan Nueva York, San Francisco, Seattle y Los Angeles, alegó que la Corte Suprema calificó de inconstitucional negar fondos federales para obligar a las jurisdicciones a acatar políticas federales.
Cochran afirmó que los gobiernos locales que buscan construir relaciones de confianza con sus comunidades inmigrantes no deberían ser castigados porque “este factor es esencial para reducir el crimen y ayudar a las víctimas”.
Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió que acudirá “inmediatamente” a la justicia si la administración de Trump decide poner en marcha la orden ejecutiva para cortar fondos federales a las denominadas “ciudades santuario”.
En Estados Unidos hay más de 200 Ciudades Santuario que han declarado su voluntad de ayudar a los mexicanos indocumentados, estimados en unos 11 millones en todo el país.
Trump considera impuesto para pagar muro
Por otro lado, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que Trump considera la posibilidad de cobrar un impuesto de 20 por ciento a las importaciones de países con los que tiene déficit comercial, como México, para pagar el muro en la frontera.
Mencionó que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México, y tomó como ejemplo la cifra de 50 mil millones de dólares para explicar que si se aplica ese impuesto del 20 por ciento sobre esa cantidad se obtendrían 10 mil millones de dólares al año y se pagaría “fácilmente el muro solo a través de ese mecanismo”.
Por su parte, el economista Gerardo Esquivel señaló que ese impuesto lo terminaran pagando los consumidores norteamericanos, quienes son los que adquieren dichos productos, además de que sería “fácilmente controvertible frente a la Organización Mundial de Comercio”.
Fuentes: Animal Político/ El Economista
Editado por: Alina Escandón
