La planta armadora Audi no ha cumplido con lo que prometió el gobernador Rafael Moreno Valle en el tema laboral; en el ambiental, significa un “foco rojo” y en lo financiero, fue un “exceso” la inversión pública de 18 mil millones de pesos.
Así lo aseguraron Huberto Juárez Núñez, investigador de la Facultad de Economía de la BUAP y el periodista Martín Hernández Alcántara, quienes señalaron que cuando se formalizó la instalación de la armadora en Puebla, en septiembre de 2012, el mandatario local afirmó que cuando comenzara a operar la planta generaría 3 mil 400 empleos directos para los locales.
Sin embargo, dijo el académico, a casi cuatro meses de haberse inaugurado, hay 2 mil trabajadores mexicanos, de los que sólo un poco más de 100 son poblanos y obreros.
Lo anterior en el marco de los Informes Ciudadanos, evento en el que se analizó los “beneficios y promesas incumplidas” acerca de la armadora de autos.
El investigador del sector automotriz reconoció que sí hay más poblanos trabajando en Audi, pero no contratados por la empresa, sino mediante outsorcing y cubriendo funciones de mantenimiento, jardinería, limpieza o venta de alimentos.
Hubo daño ambiental
Con respecto al tema ambiental, Hernández Alcántara explicó que es un “foco rojo” porque el terreno donde se construyó la plataforma de la fábrica es lacustre, o sea, que antiguamente fue un lago, de ahí que durante su construcción, se haya rellenado con toneladas de tierra.
Incluso, detalló que hay testimonios de pobladores de San José Chiapa y Nopalucan –los más cercanos a la planta- que varios cerros de los municipios fueron destruidos para obtener la tierra necesaria.
Lo anterior –denunció- significa que se cometió un “ecocidio” para la edificación solamente de la plataforma, pero ahora que está en funcionamiento, está dejando sin agua a los pobladores de los municipios vecinos.
Aunado a ello, estimó que con el tiempo, dado el peso de lo que ahora es Audi, podría haber hundimientos, pues la tierra sobre la que se encuentra fue puesta hace unos meses y en el subsuelo aún hay presencia de agua, de acuerdo con especialistas que consultó.
Asimismo, aseveró que en tiempos de lluvias podría haber inundaciones en algunas partes de la armadora, así como en el complejo Ciudad Modelo, el cual también se encuentra en un área lacustre, aunque no fue intervenida por el hombre como fue donde se instaló la fábrica.
Gasto sigue en opacidad
En el tema financiero, Juárez Núñez tomó la palabra nuevamente para señalar que fue un “desperdicio” los 18 mil millones de pesos del erario que la administración de Moreno Valle erogó para la construcción de la plataforma como “pago” por los empleos que la firma generaría para los poblanos.
Explicó que en primer lugar, esa inversión fue la que declaró el Ejecutivo poblano, pero no descartó que “podría ser más costosa”, pues fue financiada mediante el formato de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) y sigue sin ser revelada por el gobierno local.
En segundo lugar –agregó- si se toma en cuenta la inversión y se divide entre los 2 mil mexicanos que trabajan en la planta, de acuerdo con lo informado por la delegada en Puebla de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona de la Rosa, en agosto del 2016, cada empleo le “costó” a los poblanos 4.2 millones de pesos.
Consideró que la creación de la Ciudad Modelo, donde el gobierno estatal también invirtió para construir varias obras, representó un gasto que benefició más a la empresa que a los municipios o los colonos locales.
Sin beneficios a municipios
Esto porque el gobierno del estado aseguró que con la llegada de la empresa se generarían otros empleos por la apertura de comercios, hoteles y demás servicios, sin embargo, todos se concentrarán en el complejo, el cual es un área cerrada de la que el gobierno estatal quiere tomar el control y excluir de los beneficios a los cinco ayuntamientos en los que se encuentra.
Lo anterior porque hace unos días se anunció que Ciudad Modelo se convertirá en un Organismo Público Descentralizado (OPD) en el cual no tendrán injerencia los presidentes municipales, es decir, no podrán otorgar licencias para establecer negocios, cobrar impuestos y, mucho menos, decidir sobre el uso de los servicios públicos.
Es decir, el gobierno estatal designará a una persona para que administre Ciudad Modelo, otorgue permisos, concesiones y ofrezca agua a los habitantes, aunque eso signifique negársela a los que viven en las colonias de los municipios de San José Chiapa, Soltepec, Mazapiltepec, Rafael Lara Grajales y Nopalucan, con lo cual –aseguró- se estaría “violando” su autonomía.