Luego de las protestas registradas desde el 12 de enero en municipios de Baja California –Tijuana, Mexicali y Ensenada— en contra de la Ley Estatal de Agua, que contemplaba la privatización del servicio y el alza de tarifas, la misma se abrogó.
Así lo anuncio el mandatario panista, Francisco Vega de Lamadrid, quien agregó en una entrevista con Denise Maerker: “he decidido enviar al Congreso una iniciativa para abrogar la Ley del Agua y dejar sin efecto legal su contenido”.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Vega de Lamadrid aceptó que hubo falta de difusión de esta ley y advirtió a los bajacalifornianos que de no tomar “cartas en el asunto” la entidad enfrentará problemas de agua en el futuro, pues es necesario la renovación del sistema.
Asimismo, anunció que se reunirá con especialistas de la materia y académicos para buscar opciones para la modernización de la red de suministro de drenaje y agua potable.
Ley permitía alzas en tarifas
Esta ley, además de que permitía la concesión del servicio de agua potable, contemplaba el incremento de la tarifa hasta en 20 por ciento en Mexicali y 30 por ciento en Tijuana, al pasar de 51.6 a 66 y de 59.1 a 99.5 pesos el metro cúbico, respectivamente.
Además, incluía una actualización de los costos cada mes mediante una fórmula que considera la inflación.
Por otra parte, durante una conferencia de prensa, el mandatario anunció otras medidas de austeridad que tomará su administración, como la disminución de sueldos burocráticos y ahorro en el gasto corriente.
Desde el 15 de enero, manifestantes mantenían un bloqueo en las entradas a los edificios de gobierno estatal, municipal y el Congreso del Estado, donde se exigía la renuncia de Vega de Lamadrid.
Es de señalar que el 21 de diciembre se aprobó la Ley Estatal de Agua, con 15 votos a favor –de legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano— y 10 en contra, con lo que se permitía la intervención de la iniciativa privada para la prestación total o parcial del servicio mediante licitaciones o adjudicaciones de Asociaciones Público Privadas (APP).
Cabe mencionar que también en la Ciudad de México se prohibió privatizar el servicio del agua, mientras que en Puebla el mismo está concesionado por 60 años a la empresa Agua de Puebla, lo cual ha ocasionado quejas por parte de usuarios debido al incremento de las tarifas.
Editado por: Carlos Rodrigo Balcázar Placeres
Fuente: Animal Político, Milenio
