En el país, de julio de 2015 a junio de 2016, se registraron 63 ataques contra defensores ambientales en 18 estados, de los que Puebla, con cinco registros, ocupó el tercer lugar, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA).
El “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2016” indicó que los datos fueron recabados a través de notas de medios de comunicación.
Los cinco casos de Puebla corresponden a uno que se presentó en San Felipe Tepatlán, en julio de 2015, cuando una empresa actuó contra una comunidad y Organización No Gubernamental (ONG), que se opuso a una hidroeléctrica; lo cual se repitió en febrero de 2016.
En agosto, se documentó que hubo intimidación hacia una comunidad en Huauchinango por oponerse a un proyecto turístico; en tanto, en marzo en Zacapoaxtla, una persona fue amenazada por manifestar su rechazo a una presa hidroeléctrica.
El último se registró en abril del año pasado, cuando una comunidad en Ocotepec fue intimidada por el Estado por protestar contra la política pública del agua.
Los 18 estados
Los estados con casos son México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con seis; Puebla con cinco; Colima y Campeche con cuatro; Veracruz y Chiapas con tres; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con dos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con uno solo.
Tan sólo los seis primeros, indicó la CMDA, concentran más de dos terceras partes de las agresiones.
De 210 a 2016 –tomando en cuenta que el último año comprende seis meses—suman 303 casos. El más peligroso fue 2014, con 89.
La organización concluyó que México es un país peligroso para las personas defensoras de los derechos ambientales, existe un riesgo para quienes realizan labores de defensa, incluyendo otras garantías como las de salud, a la vivienda, a la información y participación.
Por ello, pidió al Estado mexicano implementar acciones dirigidas a la prevención de ataques, garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, que las autoridades tomen en cuenta el contexto de megaproyecto en caso de criminalización y fortalecer el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
