En los últimos días, casi 20 mil ciudadanos han pedido al ejecutivo pakistaní Mamnoon Hussain revoque la Ley de blasfemia que provoca la acusación de cientos de personas sin necesidad de presentar pruebas.
La ley de blasfemia promulgada en 1987 o la también llamada Ordenanza XX, permite que los pakistaníes señalen a una persona como blasfemo, lo cual le puede llevar a la cárcel o incluso a la pena de muerte.
Para hacer efectiva la ley, una persona se dirige con las autoridades y señala al responsable sin siquiera presentar pruebas, porque se podría correr el riesgo de repetir la supuesta blasfemia, dicho proceso ha supuesto una acusación desmedida entre miembros de diferentes religiones o ramas de las mismas y ha servido para que rivales políticos o comerciales sean encarcelados sin mayor justificación.
Dicha ley tiene como antecedente una modificación en el marco jurídico que comprende a la comunidad islámica, ahmadía como no musulmanes, lo que desencadenó un aumento en la intolerancia religiosa y el surgimiento de grupos de interpretación radical.
De acuerdo con la comisión de Derechos Humanos de Pakistán hay una gran relación entre el surgimiento de los talibanes, un grupo terrorista y la opresión así como la persecución religiosa en el país.
Aplican ley inconformes
En 2011 hubo una oleada de protestas y campañas para reformar la ley de blasfemia, sin embargo, grupos religiosos radicales arrebataron la vida a manifestantes, gobernadores y ministros del país, para lo cual el gobierno diseño un plan de acción nacional.
Tal vez el caso más citado por la prensa internacional es el del gobernador Salmaan Taseer, quien fu asesinado en 2011 por su guardaespaldas bajo el pretexto de haber sido blasfemo, con ello, el responsable del asesinato se convirtió en héroe y su comunidad religiosa erigió mezquitas en su honor.
Pero como el del gobernador, ocurren casos diarios, desde activistas sociales que alzan su voz para expresar los abusos cometidos a minorías, como universitarios o amas de casa. Los homicidios, tortura, decapitaciones o desapariciones son actos que parecen ser legítimos gracias a la existencia de la ley de blasfemia.
Diversos organismos internacionales desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch o Amnistía Internacional han coincidido en que la ley es una violación a los derechos humanos tanto en su aplicación como en su consideración legal. Y han instado al gobierno pakistaní a revocarle.
En 2014, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, contabilizó un total de mil 335 acusaciones de blasfemia en el país, cifras que distan de la realidad, ya que en la existencia de esa ley los pakistaníes han ejercido la justicia por propia mano.