México es un país de gran tradición agraria y por tanto el tema siempre es uno de los ejes más importantes a desarrollar para cualquier administración. A unos días del 102 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, en la Sedatu estamos trabajando para cumplir con el objetivo de este gobierno de transitar de una política meramente asistencialista, basada exclusivamente en subsidios, a una política sustentada en incentivos, que permita elevar y democratizar la productividad en el sector agroalimentario.
Y puedo decir que una de las áreas que más apoyan este propósito es la resolución de conflictos agrarios ya que, la falta de solvencia jurídica detiene proyectos e inversiones en el campo mexicano por lo que, desde sus inicios, en la Sedatu un tema fundamental ha sido agilizar las vías de solución a los problemas del campo.
Así, en lo que vamos de esta administración, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) se han resuelto 190 conflictos agrarios, regularizando la superficie de 95 mil hectáreas, en beneficio de más de 46 mil familias campesinas; tan sólo en el año que pasó, se participó en la solución de 67 conflictos agrarios, en beneficio de más de 28 mil familias campesinas, siendo los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Jalisco los que tuvieron el mayor impacto.
Debo mencionar que dentro de estas acciones generadas se logró atender un conflicto de casi 90 años y que era uno de los más emblemáticos del país: el del ejido Casas Grandes y los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, que inició en 1927.
El año 2016 nos dejó, también, la instalación de los 32 consejos estatales de desarrollo agrario, uno en cada entidad federativa de la República Mexicana; estos tenían el objetivo de atender a la gente del campo a través de una agenda estratégica, en estos participaron 429 consejeros federales y 188 estatales, se atendieron 527 asuntos, con lo que se dio solución a diversos problemas relacionados con la tenencia de la tierra, brindando seguridad y certeza jurídica en beneficio de los sujetos agrarios.
En total llevamos a cabo 48 audiencias y talleres de capacitación en 28 estados de la República Mexicana, donde se atendieron cerca de 6 mil sujetos de 629 núcleos agrarios y donde no solo se captaron sus necesidades, también se dio seguimiento y se gestionó ante la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), y en menor medida, con las delegaciones de la Sedatu lo que solicitan para darle una solución integral.
Una gran novedad en estas audiencias agrarias es que, si un asunto tiene solución inmediata ahí mismo se le da, y si no se brinda capacitación a los integrantes de los órganos de representación de los ejidos y de las comunidades.
Es cierto que con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 comenzó a escribirse una nueva etapa de desarrollo para el campo y de construcción de instituciones que protegieran la tenencia de la tierra. Hoy, a través de diferentes dependencias y en base a nuestras atribuciones, seguimos apoyando los ideales de la misma y estamos llevando soluciones a lo que en el pasado eran conflictos de años.
Puebla ha sido de las entidades que más beneficios han recibido en cuanto a soluciones agrarias por parte de esta Secretaria así que no me queda más que decir que comprometo mi esfuerzo para seguir apoyando a mi estado en la resolución de sus conflictos agrarios porque, la certeza jurídica es el primer paso para engrandecer nuestro campo.
Sé que estamos ante un panorama complicado en este inicio de año pero, hago un llamado a todos los poblanos a trabajar en unidad para tener las oportunidades que deseamos, recordemos que juntos podremos lograr las mejores soluciones a los problemas de todos.
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