Un juez federal determinó procesar a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por presuntamente adjudicar obras públicas a una empresa ligada a su esposo; también, fue embargada con 10 mil millones de pesos de ese país.
En el expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini, se acusa a la exmandataria de administración fraudulenta agravada y supuesta asociación delictiva.
El proceso penal fue dado a conocer por fuentes judiciales este martes, pero el documento señala que la investigación comenzó en octubre debido a un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor de grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, actualmente detenido por presunto lavado de dinero.
El empresario fue un amigo cercano del fallecido expresidente Néstor Kirchner, por lo que el beneficiarse con licitaciones en la administración de Fernández supone un conflicto de interés.
Otorgó contratos por 3 mmdd
Y es que de acuerdo a una auditoría a Vialidad Nacional, Báez fue favorecido con 52 contratos, de los cuales, el 50 por ciento quedaron inconclusos, pero cobró con sobreprecios por encima del 65 por ciento.
Lo anterior, significa que Grupo Austral recibió 3 mil 232 millones de dólares en contratos y mil millones solo de sobreprecios.
Junto con la expresidenta y el dueño de Austral, también se inició el proceso contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del exsecretario de Obras Públicas, José López.
Asimismo, se decretó un embargo de las propiedades de la exmandataria por un valor de 10 mil millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 664 millones de dólares.
Se espera que, de encontrar pruebas suficientes para culparla, el juez inicie el juicio contra Fernández de Kirchner.
Fuentes: Clarín/El País/CNN/Excélsior/La Jornada