Un Aurelio Nuño Mayer eufórico, agradecido, incluyente y cobijado, presentaba hace 4 días los resultados de 15 foros de consulta nacional, más de 200 estatales y 300 mil “comentarios u opiniones” derivados. Feliz, el tono de su discurso lo denotaba, recordaba la asistencia “por primera vez” de todos los gobernadores de las entidades en el salón hispanoamericano de la SEP.  

Recordaba los foros realizados con senadores y diputados, organizaciones -a modo- de la sociedad civil, con rectores agrupados en la ANUIES, directores de escuelas normales, madres y padres de familia, incluido su amigo Carlos Mancera, ungido al frente de los consejos de participación social en la educación, de niños y niñas, con “algunos” representantes de las comunidades indígenas, evocaba el intercambio de opiniones -foro de reflexión- que sostuviera autoridades del INEE y las opiniones vertidas en los consejos técnicos escolares, ponderados por Juan Díaz de la Torre como si fueran de su propiedad.

Encarrerado y entre cuates, Nuño se comprometía a entregar “en mes y medio” un nuevo modelo educativo y una nueva propuesta curricular para la educación obligatoria en sus versiones definitivas. A tan sólo 4 días de que concluyera el primer cuatrimestre del ciclo escolar 2016-2017 anuncia que el “nuevo modelo”  estará acompañado por la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito y por la capacitación al magisterio, sin la presencia de maestras y maestros en las aulas, ausentes por estar disfrutando del primer receso escolar.

Un nuevo albazo señalarán en su momento representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sin tomar en cuenta la opinión contraria de los y las docentes disidentes, de expertos en el que hacer educativo que cuestionaron la ruta laboral adoptada por la reforma educativa y de las críticas sociales que en su momento emitieran representantes de organizaciones sociales,  por la tendencia privatizadora de un modelo impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Nuño reitera enfáticamente su querencia para “que sea el Modelo Educativo de todo México y para lograrlo había que hacer este proceso de consulta y teníamos que ser muy transparentes. Es decir, a partir de los diversos comentarios, recomendaciones, críticas, propuestas que se han sistematizado en este informe.” (goo.gl/Rw3S6o).

Sin embargo, lejos de ser una tendencia y una facultad del ejecutivo, la consulta popular para la toma de decisiones que emanen del sistema nacional de planeación democrática,se encuentra prevista en el parágrafo tercero de la fracción A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El párrafo primero, obligación constitucional que mandata al ejecutivo y a los encargados de despacho, establece que “la planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. Incluye a quienes piensan diferente, no importan filias o fobias sindicales y partidarias o de cualquier otra naturaleza.

Empero, la naturaleza de los foros a los que alude Nuño no dejaron de ser en primera instancia pasarelas formuladas ad hoc. Lo trascendido por televisión permitía vislumbrar auditorios atentos al discurso del encargado del despacho educativo, carentes de discusión, sin diálogo y sin escuchar a quienes cuestionaran el rumbo de una medida que en su momento, fuese ajena a los temas de campaña y a la agenda del candidato electo, rechazada tras su anuncio e instrumentación por un amplio grupo de maestros y maestras.

Foros en los que la autoridad educativa sólo quería escuchar la opinión sobre alguno de los aspectos ya definidos previamente; los fines de la educación, la escuela al centro, planteamiento curricular de educación básica y media superior, formación y desarrollo profesional de docentes, inclusión y equidad en educación básica y media superior, gobernanza y condiciones para la gestión del currículo.

Con un formato acotado a dos cuartillas en las que se expresaran  “ideas o comentarios acerca del tema elegido”, propuestas de mejora, factores críticos, elementos “necesarios” para su viabilidad e implementación (goo.gl/p8KGGC), los foros se convertirían en actos simulados con la pretensión de legitimar la imposición que garantizase la formación desde la más tierna infancia, de mano de obra barata, dócil, sumisa, acrítica, en una palabra “competente”.

No obstante, los temas de verdadero interés quedaron vedados a partir de la emisión de la convocatoria. Discutir qué proyecto de nación requiere el México del siglo XXI (desdeñado por su antiguo aliado, el gobierno norteamericano) y en consecuencia, definir qué modelo educativo sería pertinente.

Argumentar sobre la conveniencia del rescate de valores propios que retomasen la prevalencia del bienestar de la sociedad sobre la formación de capital humano, entendido éste como sinónimo del éxito individual y que postulase la defensa de la educación considerada como un “bien público” ante los intentos desmedidos por privatizarla.

Tampoco abrió la puerta para que los “interesados” discutieran métodos y procedimientos idóneos para lograr que los medios masivos de comunicación  “en el desarrollo de sus actividades, contribuyan al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8″.

Frente a la discusión de temas nodales, la “simulación y la burla”, acotaría Juan Martín Pérez director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. No podría ser más claro.

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