Con designación de Gabriela Sierra Palacios, Laura Carcaño Ruiz y Carlos Loeschmann Moreno como comisionados del Itaip, organizaciones no gubernamentales advirtieron la “continuidad del régimen de opacidad” del morenovallismo, Congreso “es cómplice”.
Así lo señalaron, a través de un comunicado –en sus conclusiones finales– el Nodo de Transparencia de Puebla, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Artículo 19, Coparmex-Puebla, así como expertos en materia de transparencia, entre otras organizaciones, que sostuvieron que sus designaciones fueron resultado de un proceso que presentó varias irregularidades.
Consideraron que es la segunda ocasión en que el Congreso de Puebla realiza un proceso de designación “viciado de origen, violatorio de la Ley, carente de discusión pública, opaco en sus deliberaciones y cerrado a la sociedad”, al no permitir su participación como organizaciones civiles, lo que derivó en la selección de perfiles cercanos al gobierno del estado.
Asimismo, lamentaron que las comparecencias hayan sido de manera exprés y que su transmisión fuera deficiente.
En otras líneas, criticaron que los organismos que asesoraron a los diputados locales en el proceso — Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos, Borde Político, BUAP, Canacintra Puebla, Consejo Ciudadano de Seguridad-– hayan tenido una participación “meramente como espectadores” y que algunas de ellas no contaran con experiencia en la materia.
En ese sentido, destacaron el proceso de designación evidencia “la nula voluntad” del Congreso de Puebla para realizar un proceso “ejemplar”; sostuvieron que al dejar pasar la oportunidad de fortalecer la independencia del nuevo instituto el Legislativo “es cómplice de la captura” del órgano garante por parte del gobierno estatal.
Designación, violó reglas
Los firmantes, señalaron que la designación de Carcaño Ruiz, quien se desempeñaba como jefe de departamento en la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla y también trabajara en Contraloría estatal, es ejemplo de que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 30 de la Ley de Transparencia de “acreditar conocimientos y experiencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales”.
En el caso de Loeschmann Moreno indicaron que el nombramiento refuerza las versiones periodísticas, de que su posición fue otorgada al excomisionado de la CAIP y actual consejero del IEE, Federico González Magaña; no obstante, dijeron que el comisionado electo tendrá la oportunidad de demostrar su independencia a partir del trabajo que desempeñe en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaip) de Puebla.
Sobre la ratificación de Sierra Palacios señalaron que representa la “continuidad del régimen de opacidad”, además que lamentaron sea la que más tiempo permanecerá al interior del nuevo instituto, ya que se le ha señalado como afín al gobierno de Rafael Moreno Valle, además que calificaron que su actuación al interior de la extinta Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) “dejó muchas dudas en cuanto a su imparcialidad”.
Por lo anterior, los firmantes aseguraron que estarán atentos al desempeñó de los nuevos comisionados, de los análisis que hagan de los recursos de revisión que les correspondan, así como de sus votaciones en el pleno del instituto. “Será su trabajo al frente del instituto lo que finalmente hablará por ellos”, concluyeron.
