Oaxaca se ha convertido en una entidad insegura, impredecible para la policía y como consecuencia para las autoridades encargadas de la persecución de los delitos, la Fiscalía General del Estado.
Lo anterior constituye la impunidad, la cual se ha convertido en un común denominador, pues en una década suman 29 casos de asesinatos de ediles municipales, a tal grado que en el mes de julio de 2016, las estadísticas sitúan a Oaxaca como la segunda entidad del país con un mayor número de asesinatos.
De los 29 casos solo han sido esclarecidos 4 de ellos, por lo que la inmensa mayoría están sin resolver y los homicidas andan sueltos actuando a su conveniencia en medio de la impunidad.
La cifra comienza a registrarse en el año 2010 cuando asumió el cargo como gobernador del Estado Gabino Cué Monteagudo, periodo durante el cual se citan varias personas asesinadas de diversas escales de gobierno municipal, como regidores, administradores, autoridades agrarias, hasta tres asesinatos a excandidatos a ediles municipales.
En julio del presente año, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y la Asociación de Autoridades Locales de México (Almac), coincidieron en concluir que Oaxaca es la segunda entidad en el País con alcaldes municipales asesinados, aún por debajo del Estado de Michoacán, que ha registrado el deceso de 14 Alcaldes municipales en el mismo periodo.
El fiscal general del estado de Oaxaca explicó que se ha entregado equipo motorizado, así como como patrullas y armamento nuevo, además de capacitación y adiestramiento al personal de la policía del Estado y municipales a efecto de llevar a cabo un mejor combate contra la delincuencia.
Negó que existan asesinatos calificados como crimines de Estado, aún cuando en la lista de los ejecutados hay personas, defensores de los derechos humanos, pero en este rubro final bien puede tener razón el fiscal general del Estado, en muchos de los casos, se sabe el móvil del mismo y los familiares también callan, y más tarde aparecen las venganzas entre ellos mismos.
Así pues las cosas, un 86 por ciento de los asesinatos aún no logran esclarecerse por las autoridades encargadas de la administración de justicia en el Estado y ello conlleva a la falta de confiabilidad de sus titulares.
Las organizaciones de la sociedad civil que están pendientes del esclarecimiento de los hechos, citan cifras, números, casos y nombres de personas ejecutadas, incluyendo la fecha de los mismos, para presionar a su esclarecimiento de estos hechos que francamente dejan a la entidad muy mal parada, desacreditada ante la opinión pública nacional y la internacional, porque obviamente repercute en los servicios turísticos y de inversión que sigue el Estado.
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