Las dos palabras que dan título a este texto podrían ser sinónimos, al menos en el análisis de los nefastos manejos financieros que el gobierno de Rafael Moreno Valle parece dejar tras de sí.
La semana pasada un informe presentado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), confirmó lo que ya se sospechaba gracias a las revelaciones del académico de la BUAP, Eudoxio Morales Flores, en el sentido de que el gobierno de Rafael Moreno Valle ocultó deuda pública a través de medios indirectos que no están sujetos a escrutinio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), en particular a través de un fideicomiso dirigido por el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, llamado Evercore, que también ha hecho jugosas ganancias brindando “asesoría” a otros gobiernos estatales y municipales.
Según el estudio del CEEY, sumando la deuda pública declarada a la oculta daría un total de 47 mil 209 millones de pesos a pagarse en 20 años o más. Cabe decir que el caso poblano es el más alarmante entre todos los demás estudiados por el organismo académico.
De esta manera los recursos de las siguientes administraciones han quedado en buena medida comprometidos por el gobierno actual, creándose una deuda que pesará sobre nosotros, nuestros hijos y hasta nuestros nietos, y uno se pregunta ¿para qué fue éste dinero?
Habrá quien crea que las norias, los museos sin colección con firma de artista internacional o los puentes de ornato son verdaderos impulsos al desarrollo, pero tales hipótesis resultan difíciles de sostener. Por otro lado, ahí está la promesa de Audi que, por ahora, no parece estar creando muchos trabajos ni apoyos para los poblanos, pero sí para personas de otros lugares.
Independientemente de calificar como bien o mal invertido ese dinero, el asunto es que se trata de una mega deuda que podría poner en serios aprietos a las finanzas del estado en un futuro no muy lejano. Y es una deuda que fue ocultada alevosamente a las autoridades federales y a la sociedad poblana.
En Puebla no parece haber cundido aún la alarma entre los grupos de élite, que poco han dicho sobre el tema. Tampoco parece preocuparle mucho al propio gobierno, más enfocado ahora en continuar con la descarada campaña política del gobernador con miras al 2018. Y la sociedad poblana tampoco parece mostrarse molesta con el asunto, ya que hasta ahora no ha existido movilización alguna por el tema, ni se ha generado algún tipo de reacción seria en redes o en algún otro medio, lo que puede significar que a ésta no le interesa el tema, o quizás no lo conoce o entiende.
Igualmente puede ser sintomático de una sociedad que se indigna e interesa, pero que no sabe cómo transformar la indignación en acción.
Como quiera que sea, la pasividad en éste como en tantos otros casos resulta altamente perjudicial para nosotros mismos, especialmente cuando lo que está en juego es la viabilidad económica del estado.
Dicho esto queda por cuestionarse la legitimidad de que ex funcionarios de instancias públicas como la SHCP, pasen después a formar parte de empresas privadas que dan “asesoría” a los gobiernos, sobre cómo ocultar la deuda pública a la propia SHCP.
El caso de Pedro Aspe y compañía (entre los que están, por cierto, el rehabilitado y servil amigo de Trump, Luis Videgaray Caso), es ilustrativo de este problema que desdibuja las fronteras entre los intereses de la administración pública, y los de la privada, muchas veces por encima o por debajo de la ley.
Este asunto también sirve para reflexionar sobre el uso de recursos públicos por parte de las administraciones estatales, de las que ya tenemos más de un caso de sobrendeudamiento (el más famoso hasta ahora es sin duda Coahuila), tendencia reforzada por el amplio margen de discrecionalidad que la federación ha brindado a los estados, para que los gobernadores usen como los recursos sin tener que rendir cuentas, práctica impulsada por las administraciones panistas desde el año 2000.
Hasta ahora la SHCP no ha salido a decir gran cosa sobre el tema, sumándose al silencio general que ha seguido al escándalo inicial.
Si las perspectivas económicas severas que tenemos actualmente imponen recortes drásticos y subidas de precios que afectan a todos, pero en especial a los sectores más vulnerables, entonces conocer cómo se gastan los dineros públicos, para qué, y bajo qué condiciones, así como cuánto adeudamos, es un derecho y una necesidad urgente para evitar futuros desastres que puedan volver aún más negro el panorama del 2017.
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