Vendetta política, el proceso contra Eduardo Rivera
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la decisión del gobernador Rafael Moreno Valle de iniciar al ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, un proceso administrativo de determinación de responsabilidades, no logrará el propósito de dejarlo fuera de la sucesión gubernamental de 2018, para despejarle el camino a su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo.
De entrada porque el procedimiento encaminado a sancionar e inhabilitar a Rivera Pérez por supuestas irregularidades que rebasan los 411 millones de pesos no es percibido como una acción de combate a la corrupción, sino como una venganza política, instrumentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la LIX Legislatura del Congreso local.
Para nadie en Puebla es un secreto que —a pesar de las certificaciones y reconocimientos gestionados por su titular David Villanueva Lomelí— la ASE está muy lejos de funcionar como un órgano autónomo, profesional y objetivo en la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los sujetos obligados.
Su discrecionalidad comienza por los tiempos tan laxos para dictaminar cuentas públicas. Unas se revisan a toda prisa, de manera superficial, sin que los auditores cuestionen alguna partida presupuestal, gasto, contrato de obra o de prestación de servicios, entre ellas la del Ejecutivo, Poder Legislativo y Tribunal Superior de Justicia. Por lo general estas cuentas terminan siempre aprobándose el mismo año que se presentan, sin pliegos de observaciones ni de cargos, a diferencia de lo que ocurre con la Auditoría Superior de la Federación.
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Investigan al ex síndico de Puebla por observaciones de 48 mdp
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que la salida de Héctor Sánchez Sánchez como síndico del ayuntamiento de Puebla no fue tersa y no se debió estrictamente a que aspire a un nuevo cargo en el gobierno del estado, sino fue producto de la pérdida de confianza de parte del alcalde Luis Banck Serrato. Resulta que el ex servidor público había acumulado 48 millones de pesos en observaciones por parte de la Contraloría Municipal, razón por la cual actualmente existe una investigación en su contra y ese es el motivo real de su dimisión
En realidad la sustitución de Héctor Sánchez es un viraje que ha dado el alcalde Luis Banck para limpiar el “cochinero” que había en la Sindicatura Municipal, y ese cambio abarca la sustitución de toda la plantilla de abogados que estaban en el equipo de esa área del gobierno de la capital.
Al final ese cambio es un mensaje hacia el interior del ayuntamiento para dejar en claro que no se va a permitir actos de corrupción o abusos de autoridad.
Hace unos días se dio a conocer que Héctor Sánchez había pedido licencia para aspirar a ser parte del gabinete del próximo gobernador del estado, Antonio Gali Fayad. Su lugar fue ocupado por María Esther Torreblanca. El cambio, se manejó oficialmente, era por la simple aspiración del ex servidor público de aspirar a un nuevo cargo, cuando la verdad de las cosas es que se fue de la Comuna porque le perdieron la confianza y la estima.
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Ahora el PAN Defiende a los Corruptos y Apoya la Opacidad
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que muy activo —defendiendo en Twitter a Eduardo Rivera Pérez— anduvo en estos días Juan José Pacheco, quien fungió en el trienio del panista como auditor externo, a través del despacho Maldonado y Asociados.
Regidores de aquella administración municipal aseguran que dicho despacho recibió millones de pesos extras por “hacerse de la vista gorda”.
Es decir: hacían como que auditaban, pero siempre al gusto del cliente.
Este despacho era más modesto que una chalupera. Tenía una puerta pequeña de acceso en la 2 sur y 43, junto a Mi Viejo Café.