De venganzas políticas y comisionados sin autonomía
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el Congreso local se exhibió este jueves como un poder sin poder, sumiso y al servicio del gobernante en turno, que usa la transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas discrecionalmente, unas veces para encubrir a los aliados del régimen y otras para castigar a sus críticos y opositores.
La designación de los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP) fue una mascarada de principio a fin, a la que se prestaron diputados priístas y morenovallistas, la BUAP, la Canacintra y otros membretes sin autoridad moral, ni prestigio profesional en asuntos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y la impunidad.
Desde el comienzo se dijo que los designados serían la comisionada María Gabriela Sierra Palacios —pareja del ex vocero del gobernador Rafael Moreno Valle, Héctor Antonio Alcudia Goya— y el secretario técnico de la CAIP, Carlos Germán Loeschmann Moreno, así como algún burócrata de la gestión morenovallista como Laura Marcela Carcaño Ruiz, directora en la Contraloría del estado.
El pronóstico se cumplió con creces y no porque tenga bola de cristal, sino porque el método para el nombramiento de los nuevos comisionados del ITAIP fue una farsa, pues antes de que se publicara la convocatoria dos de los tres comisionados ya sabían que serían designados: Gabriela Sierra y Germán Loeschmann.
Aquí la columna completa
Las rutas ¿opcionales? del pleito con el Congreso
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, señala que ¿Inhabilitación o cárcel?
Esa era la pregunta que desde el miércoles por la tarde debió rondar entre los colaboradores y amigos del ex presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, y en él mismo, una vez que fueron enterados del procedimiento administrativo que emprendería el Congreso del Estado en su contra a la mañana siguiente.
Frente a la imposibilidad de arribar a un consenso, ante la falta de información fiable, que permitiera saber hasta dónde pretendían llegar las intenciones de los diputados panistas Patricia Leal Islas y Jorge Aguilar Chedraui, principalmente, el equipo compacto que acompañará a Rivera Pérez en esta travesía político-jurídica optó por salir a los medios para fijar una postura y defender al ex alcalde de Puebla.
Cualquiera de las dos opciones: inhabilitación o cárcel, debía resultar inadmisible para el también ex dirigente estatal del PAN.
Si se le inhabilitara por el presunto ejercicio irregular de 411 millones de pesos, como se acusa, quedaría sin posibilidades de competir por la gubernatura del estado o cualquier otro puesto de elección popular en 2018.
Aquí la columna completa
Los peligrosos estertores de Rafael Moreno Valle
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que los últimos días de Moreno Valle serán de mucho cuidado. Ante su desesperación por no repuntar en las encuestas y ser perseguido por el INE y la PGR, decidió arremeter en contra de quienes él considera enemigos o traidores.
En esa lista se encuentran varios presidentes municipales y algunos exalcaldes como Eduardo Rivera, que no se alinearon con él.
Con una actitud dictatorial, emprendió las primeras pesquisas, utilizando a la Auditoría Superior del Estado como su principal garrote político.
Aquí una historia relacionada con la fábula que en mi columna de ayer les conté: La rana y el escorpión.
Aquí la columna completa
Lalo Rivera y sus Mentiras (las Públicas y las Privadas)
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, señala que al más puro estilo de Luis Paredes Moctezuma, Eduardo Rivera Pérez se tiró al piso, se dijo inocente, tocó puertas nacionales y se arropó en las naguas de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.
¿El motivo?
El inicio del procedimiento administrativo ordenado por el Congreso local, una vez que el ex alcalde de Puebla dejó severas dudas sobre 411 millones de pesos.
Lo que en casi cualquier lugar del mundo civilizado es parte de un proceso de transparencia, fue pervertido este jueves por Rivera Pérez y convertido en una supuesta persecución política.
Aquí la columna completa
