Patricia Méndez/E-consulta
Aunque la ley lo establece, el gobierno del estado incumple con publicar de manera electrónica todos los ejemplares del Periódico Oficial, pues sólo está disponible en ese formato una parte de las ediciones.
Para el director de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, esa situación es contraria a los principios de un gobierno abierto e incluso una violación a la Constitución pues el derecho a la información no puede ser parcial.
Fue el 25 de febrero de 2015 cuando el gobierno del estado creó una plataforma electrónica para consultar en línea las ediciones del Periódico Oficial, es decir, hasta el quinto año de la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
“El gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, ha instruido como una prioridad en la gestión pública, la modernización y constante mejora de las instituciones, a fin de fortalecer los mecanismos de transparencia y de información pública disponible para la ciudadanía”, se expuso en esa ocasión mediante un comunicado.
Publicaciones a medias y atrasadas
Sin embargo, la versión electrónica no está actualizada con todos los ejemplares del Periódico Oficial, ya que decretos que fueron emitidos por el poder Ejecutivo no se encuentran en la plataforma.
Lo anterior contradice el artículo 13 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, el cual indica lo siguiente:
“Cada ejemplar del Periódico Oficial será reproducido en páginas electrónicas, que permitan su libre acceso, dentro de los siguientes catorce días de su publicación impresa. La publicación electrónica del Periódico Oficial será únicamente para efectos de divulgación masiva y de libre acceso, por lo que no afecta la entrada en vigor ni el contenido oficial de los materiales publicados en el formato impreso…”.
Como ejemplo de lo anterior puede citarse la edición del 9 de abril de 2015 –con cuya copia impresa cuenta e-consulta–, en la que se dio a conocer la “declaratoria” que emitió el secretario de Infraestructura y Transportes por causa de utilidad pública se declaró el rescate de concesiones del transporte público, la cual no aparece en el portal del periódico.
Destaca también el caso de la edición del 13 de septiembre de 2013 en la que se divulgaron decretos mediante los que se autorizó a una decena de municipios a celebrar contratos de Prestación de Servicios para renovar sus sistemas de alumbrado público.
Otro ejemplo es del 13 de julio de 2016 en donde se convocó a una asamblea de accionistas de la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) mediante la que se intentó convencerlos para vender el derrotero a un particular, la cual tampoco está disponible en formato electrónico.
Además las publicaciones que se hacen están desactualizadas, ya que por ejemplo este domingo 11 de diciembre, el último número disponible es el del 8 de noviembre pasado.
Se violan los principios de un gobierno abierto
De acuerdo con el director de Transparencia Mexicana, esa situación contraviene los principios de un gobierno abierto, los cuales establecen que debe facilitarse a los ciudadanos información en distintos formatos, incluyendo el electrónico, pues es un medio masivo.
Indicó que las leyes en materia de transparencia y la propia Constitución establecen que si la información gubernamental es pública para una persona, debe ser para todos los ciudadanos, pues de lo contrario, se fomentaría una política parcial.
Comentó que no ha notado la misma situación en otras entidades del país, sino otro tipo de barreras, tales como altos costos en la impresión de información que se solicita en formato electrónico.
Agregó que los ciudadanos cuentan con herramientas como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para inconformarse en caso de que en la entidad poblana no se garantice el acceso a documentos que deberían ser públicos, tales como procesos de contratación u otros temas que son publicados en el Periódico Oficial.