Red Puebla de Periodistas exige mayor seguridad para el gremio
Red Puebla de Periodistas exige mayor seguridad para el gremio. Foto: Especial
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Puebla, quinto en agresiones a periodistas; suma 18 de enero a septiembre. Foto: Especial

De enero a septiembre, en Puebla ocurrieron 18 agresiones a periodistas, ubicando a la entidad en el lugar quinto con más casos de 27 estados donde se reportaron 306 hechos de este tipo, así lo informó la organización Artículo 19.

En su tercer informe trimestral denominado “De lo digital a lo tangible”, señaló que las principales agresiones denunciadas a nivel nacional fueron amenazas (58), ataques físicos o materiales (54), intimidaciones (50), privaciones ilegales de la libertad (44), acosos y hostigamientos (34) y homicidios (10).

Los primeros cuatro lugares en ataque a trabajadores de medios de comunicación fueron Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, con 53, 38, 35 y 20, respectivamente.

En contraste, Baja California Sur, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas que no presentaron registros de esta índole.

De los asesinatos, los casos se presentaron en Oaxaca, con cuatro; Veracruz, con tres; Puebla, Guerrero y Tabasco, con un hecho cada uno.

Caso de periodista asesinado en Puebla

La Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) sigue sin atraer el caso de Aurelio Cabrera Campos, reportero y director de “El Gráfico”, periódico de la Sierra Norte, quien fuera herido con armas de fuego por sujetos desconocidos, para posteriormente fallecer el 15 de septiembre en el hospital de Huauchinango a causa de las lesiones.

Asimismo la Feadle tampoco atrajo los casos de Pedro Tamayo, reportero de Tierra Blanca, Veracruz; Agustín Pavia, locutor de Huajuapan, Oaxaca, asesinados también durante el tercer trimestre de 2016.

Ante estos hechos Artículo 19 criticó la actuación de la fiscalía especialista en el tema, ya que no ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de los periodistas, lo que demuestra la impunidad imperante por parte de las autoridades en México para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales en estos casos.

Lo anterior envía un mensaje de permisibilidad de la violencia extrema, así como de desprecio hacia la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a la información plural.