El gobierno de Puebla no puede autoexonerarse respecto al caso Chalchihuapan, pues debe ser la CNDH la que señale si las 11 recomendaciones han sido cubiertas o no por el Ejecutivo; en su último informe, cinco estaban pendientes.
Así lo señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Sergio Céspedes Peregrina, quien consideró que el caso “sigue abierto” hasta que el organismo nacional exponga sus conclusiones al respecto.
Lo anterior, luego de las declaraciones de Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la SGG de Puebla, quien señaló que con la indemnización que se dio de 1.7 millones de pesos a Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado en el operativo de Chalchihuapan, se dio cumplimiento a las 11 recomendaciones de la CNDH.
Céspedes Peregrina comentó: “me queda claro que hay varias recomendaciones sin cumplir, falta que se determine qué va a pasar con los servidores públicos que generaron esta situación, la indemnización, la disculpa pública, que el órgano máximo estipule si fueron o no cumplidas”, comentó.
No se ha garantizado justicia a víctimas
Refirió que, en su último informe en junio pasado, la CNDH señaló que había cinco puntos, del expediente 2VG/2014, que no ha cumplido el gobierno estatal por la represión policiaca donde murió el menor José Luis Tehuatle Tamayo.
Entre ellas, la creación de una fiscalía especial de investigación de los hechos ocurridos que garantice el acceso a la justicia para las víctimas, familiares y los policías lesionados y la reparación integral de los daños a las víctimas y sus familiares, con la cual la Secretaría General de Gobierno (SGG) aseguró dio cumplimiento, recientemente, al entregar 1 millón 700 mil pesos a la madre del menor, quien indicó que aceptó el monto por presuntas presiones.
Así como la falta del procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos y que no se tiene la averiguación previa por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra de los servidores involucrados.