En comisiones, el Congreso de Puebla aprobó que el ayuntamiento de San Martín Texmelucan contrate una línea de crédito por mil 7 millones de pesos para indemnizar a 23 ejidatarios dueños del terreo donde se ubica el tianguis.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, José Chedraui Budib, quien señaló que ahora corresponderá al edil texmeluquense, Rafael Núñez Ramírez, ver qué instituto bancario le puede otorgar ese crédito que es cuatro veces mayor al presupuesto que recibe la comuna.
“Se aprobó, bueno, la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) nos exige que sí se le autorice endeudarse por mil 7 millones de pesos, ya tendrá que hacer las gestiones necesarias y ver la opción para contratar el crédito”, acotó.
Como se recordará, el 7 de marzo, la SCJN requirió a la ayuntamiento de San Martín Texmelucan cumplir con el pago de más de 600 millones de pesos —que con actualizaciones asciende a más de mil siete millones de pesos— a los dueños del predio que actualmente se usa para tianguis, luego de que sus abogados perdieran un litigio que duró 21 años ante los propietarios de las 18.5 hectáreas de terreno.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Ignacio Mier Bañuelos, señaló que la solicitud de ampliación presupuestal, que también hizo la Comuna texmeluquense, no depende del Legislativo, sino del poder Ejecutivo, que tendría que analizar si es viable o no, “de dónde pellizcaría ese recurso”.
Indicó que de destinar esa partida se afectaría algún rubro “para dar ese recurso a fondo perdido, (el gobierno estatal) no está en capacidad de poder destinarlo”.
Asimismo, defendió que Núñez Ramírez no es el culpable del endeudamiento, sino que le correspondió pagar la deuda que le heredaron administraciones anteriores, “le cayó la papa caliente a él”.
Congreso “cumplió” con ordenamiento judicial
En ello coincidió el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, pues –dijo– destinar una parte del presupuesto implicaría dejar fuera otros proyectos del estado, lo que “no sería conveniente”, además subrayó que el Congreso “cumple” al dar la autorización, por lo que no contribuiría a un desacato judicial.
Indicó que la línea de crédito sería hasta por un plazo de 30 años, además de que el Congreso establecería que sea con cargo a las participaciones municipales contempladas dentro del ramo 28 y por un monto definido –que no reveló– de esa manera, aseveró, se deja sin posibilidad de afectar otro tipo de programas.
Agregó que, si en esas condiciones un banco decide prestarle el recurso “es porque hizo su propia valoración de riesgo”. No obstante, cuestionado sobre lo que pasaría en caso de que se le niegue el crédito comentó: “pues qué les puedo decir (…) ya no sería un desacato de nosotros. El congreso cumple en el momento en que se autoriza que solicite el crédito”.