El politólogo de la BUAP, Paulino Arellano Jiménez, consideró que el Legislativo federal no aprobó los matrimonios gays porque “se están cuidando de los costos políticos” que podrían acarrear el avalar dicha ley en el 2018.
En entrevista con Ángulo 7, aseguró que a las instituciones políticas que conforman la Cámara de Diputados están preocupadas por ser favorecidas con el voto de aquellos que están en contra de matrimonios igualitarios en los comicios electorales del 2018.
Por lo anterior, aseveró que los diputados buscan “evitar” un castigo político posterior a la aprobación, ya que se trató de una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, quien es emanado del PRI, partido con más curules en el Congreso federal.
Apuntó que, con dicha negativa, no fueron escuchados las peticiones de las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad lésbico-gay, así como a los defensores de derechos humanos.
El académico de la Facultad de Derecho y de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) aseveró que dicha acción de los diputados podría traer como consecuencia movimientos sociales por parte de organizaciones civiles y defensores de las garantías individuales.
Podría haber marchas
“Será lógico que se quieran defender sus derechos y eso debió ser contemplado por el Legislativo, y este debe reconocer las preferencias sexuales y las diferentes formas de matrimonios”, comentó.
Abundó que existe una “inclinación” por parte de los diputados del Congreso federal ante las presiones de la iglesia, los grupos conservadores y el vaticano, por no aprobar los matrimonios igualitarios.
Criticó que, aunque los diputados tienen la facultad de legislar, se hayan “doblegado” ante los sectores que defienden la idea de familia “tradicional”, por lo que resaltó que “se deja ver las fuerzas reales del poder en el interior del Congreso”.
Cabe recordar que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de ley propuesta por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, porque “presentaba inconsistencias jurídicas”.
Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Campeche, Michoacán, Morelos, Colima y la Ciudad de México son los estados donde ha avalado el tema.
