Que la situación de respeto a los Derechos Humanos en México es mala, no es novedad; por el contrario, seguimos presenciando casos que apuntan en la dirección de una crisis generalizada en la materia.
Toca en ésta ocasión referirnos al caso del fallo judicial en contra de la periodista Carmen Aristegui, dado a conocer en medios públicos el pasado 7 de noviembre. La periodista sostiene un conflicto legal con la cadena MVS dirigida por Joaquín Vargas Guajardo, a raíz de su expulsión de esa empresa y de la publicación de un libro sobre “la Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, desde marzo del 2015.
En el fallo que hizo el juez de lo civil, Odilón Centeno Rendón, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se dictamina que Carmen Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información…” causando daños morales y a los derechos de personalidad de Joaquín Vargas Guajardo. Se trata, no cabe duda, de un nuevo acto que atenta flagrantemente en contra de la libertad de expresión.
Lo primero que salta a la vista es que la resolución se basa en un aspecto sumamente controvertible: la decisión de cuándo se excede o no el ejercicio de un derecho. Una de las problemáticas sin resolver hasta ahora en lo relativo a Derechos Humanos, ha sido determinar bajo qué parámetros se puede decidir cuándo se está abusando de un derecho −en éste caso de la libertad de expresión− y cuándo no.
También hay que preguntarse ¿quién determina tal cosa?, y cuáles son las motivaciones que inspiran semejante decisión por parte de un individuo, en éste caso el juez referido. Cuando no hay suficiente claridad o argumentos que expliquen tales determinaciones, es muy fácil que la ambigüedad del asunto se preste a ejercicios de autoritarismo y censura.
Hay que recordar que la salida de Carmen Aristegui de su programa en MVS el año pasado, fue vista por muchos como un claro acto de censura instigada por la propia Presidencia, debido a la revelación de la multimillonaria propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, la llamada “Casa Blanca”. Si bien los líderes de la empresa niegan tal cosa, es imposible no verle el ángulo político a semejante decisión.
Asimismo, Aristegui y su equipo también revelaron los tráficos de influencias que ejerció Peña Nieto para acelerar el divorcio de su primera esposa ante el Vaticano, así como el tema del plagio de una parte sustancial de su tesis de licenciatura.
En este contexto es imposible no ver la resolución de éste juez –fundamentada en un su visión personal de cuándo se excede o no el ejercicio de los derechos ciudadanos y humanos−, como una parte más del acoso que desde las instancias oficiales se ejerce contra la periodista y su equipo.
La libertad de expresión es una pieza fundamental en cualquier sistema democrático, al ser una herramienta que permite a la ciudadanía y los diversos actores sociales tener un mejor conocimiento de su país y de su entorno para tomar decisiones. En última instancia, la libertad de expresión es clave para el empoderamiento de la ciudadanía frente a su gobierno.
Determinar cuándo se abusa o no de ese derecho es un terreno altamente peligroso que puede ser el pretexto perfecto para acallar las voces disidentes del sistema, y para mantener a una ciudadanía mal informada, lo que facilita su manipulación. Es cierto que podemos encontrar casos de personas que parecen abusar de tal libertad, pero poner trabas a la misma no parece ser la opción.
Una sociedad que apuesta por el pluralismo y la tolerancia debería saber manejar tales situaciones sin recurrir a la censura o represión, aunque esto no resulte tan fácil. En todos los países, incluso en las democracias más consolidadas, se hace uso y abuso de la libertad de expresión, pero esto parece ser un mal necesario en pos de la libertad de todas y todos.
Pensemos, por ejemplo, en el caso francés de la tristemente conocida revista Charlie Hebdo, irrespetuosa en extremo de distintas creencias, ideologías y grupos sociales, a la cual, a pesar de eso, se le ha permitido ejercer su derecho e incluso se le ha protegido, no por la revista, sino por lo que está de fondo, la libertad de expresión en un sentido más amplio.
El caso de Carmen Aristegui, quien haciendo uso de su derecho nos informó sobre temas de interés nacional de suma relevancia, especialmente del posible conflicto de interés entre Peña Nieto y Grupo Higa, ni de lejos se acerca a las ofensas de un medio como Charlie Hebdo, o como la de muchos programas de televisión que se pueden ver en todo el país, y sin embargo es a ella a quien se le hace caer el peso de la ley por “excederse” en el uso de sus garantías.
A propósito de Trump…
El miedo se convirtió en horror el pasado martes tras saberse la victoria de Donald Trump en las elecciones del país vecino del norte. El personaje que muchos daban por descontado ni siquiera llegaría a ser candidato a la presidencia terminó por convertirse en el presidente electo del país más poderoso del mundo.
Inevitablemente este hecho pondrá a México en serios aprietos de tantas maneras que aún no es posible dimensionarlas todas.
Una de ellas será el posible efecto pernicioso de su gobierno ultraconservador y de derecha sobre la de por sí desastrosa política mexicana en materia de Derechos Humanos. Existe la posibilidad −bastante real− de que al gobierno de Trump le interese muy poco vigilar los excesos autoritarios en que incurra el Estado mexicano, aún en el tema de la lucha contra el crimen organizado, lo que podría dar luz verde al gobierno y al Estado para abusar de la ciudadanía de mil y un formas sin que le preocupe la presión norteamericana. Quizá, entre las muchas consecuencias de esta funesta elección estadounidense, veamos un recrudecimiento en el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en el país.
Por ahora, el gobierno está obligado a prepararse lo mejor posible frente a los primeros temas que se plantean en el panorama, como la intención de construir un muro fronterizo –mismo que el gobierno mexicano deberá pagar, según Trump−, así como a dar a conocer públicamente su postura frente a éste y otros temas para conocimiento de la ciudadanía, quienes de una u otra forma padeceremos el huracán que se avecina, exigencia que, por supuesto, es parte del uso efectivo de nuestro derecho a la información y a la libertad de expresión que hemos venido discutiendo en éstas líneas.
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