Diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados (12-10-16) un punto de acuerdo por el que se adicionarían los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación. Pretenderían “tener claro el papel que jugará cada sector de la sociedad civil” (Rocío Matesanz Santamaría, PAN) en materia educativa y lograr que autoridades, madres y padres de familia, asuman “un nivel más proactivo en el proceso educativo“. Al tiempo en el que, a través de la propuesta presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), procurarían que “los poderes públicos” reconozcan “la participación de las familias en la educación es un derecho básico en las sociedades democráticas.”

Tras verter argumentos que justificarían un proyecto de dictamen que se enviaría próximamente al Senado para proseguir el trámite legislativo, Matasanz propone “adicionar una fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, para establecer como atribuciones de las autoridades educativas, federales y locales de manera concurrente informar a la comunidad escolar, especialmente a los padres de familia o tutores, los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas, a fin de que puedan coadyuvar en el proceso educativo de manera responsable e informada“.

De la misma manera, los diputados a propuesta de la comisión pretenden establecer la obligatoriedad, “para -que- quienes ejercen la patria potestad o la tutela”, inculquen en sus “hijos o pupilos”, el respeto a las “autoridades escolares y las normas de convivencia social.”

Tras la aparente buena fe y una pretendida nobleza de fines, se esconde un interés de legisladores por violentar -aún más- los principios de gratuidad y laicidad de la educación establecidas en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Calificada por la presidente de la comisión de educación –Hortensia Aragón-, como “una iniciativa menor”, la propuesta legislativa pretendería enfatizar en un proceso de comunicación institucional, inherente al desempeño de las funciones y atribuciones de las autoridades educativas y en la encomienda para que los padres y las madres de familia tengan hijos bien portados que respeten a las autoridades educativas, mientras soslayan una moción que pretende reivindicar la enseñanza religiosa en las escuelas publicas bajo el escudo de un reconocimiento ficticio argumentado por la diputada Matasanz.

Sin embargo, a pesar de la aprobación unánime del “Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación”, diversos diputados resaltaron “la falta de respeto a los maestros“ y la satanización del magisterio (Patricia Elena Aceves Pastrana, diputada por Morena) en la que incurriera Aurelio Nuño Mayer al señalarlos culpables de los malos resultados en educación que este país tiene” (Jorge Álvarez Maynez, diputado por Movimiento Ciudadano).

Establece que más del 50 por ciento de las escuelas de educación carecen de los servicios básicos, cuestión -considera- que no cambiará a pesar de la inversión millonaria en el programa de infraestructura. Declara en tribuna que “son los padres de familia, las mujeres y los hombres que ven por la educación de sus hijos los que han sostenido el sistema educativo de México; 2 de cada 3 pesos que se invierten en construcción, en mantenimiento y en limpieza de las escuelas; y 2 de cada 3 pesos que se invierten en apoyo educativo, en material de apoyo educativo extraordinario son puestos por los padres de familia, no por el gobierno, hablando de escuelas públicas”.

Señala que descontando colegiaturas, por falta de presupuesto en las escuelas públicas, madres y padres de familia pagan cuotas extraordinarias mayores a las que erogan sus similares en escuelas particulares.

Que son las comunidades originarias las que se hacen cargo de la alimentación y en hospedaje de “8 de cada 10″ instructores comunitarios en “9 de cada 10 escuelas”.

Empero, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho explícito que tiene “toda persona” a recibir educación y la obligación tácita que tiene el Estado a brindarla. Excluye intencionalmente la participación de madres y padres de familia para garantizar que la educación que recibirán niños, niñas y adolescentes esté alejada de todo fanatismo e influencia perniciosa que pudiesen ejercer la religión y los ministros del culto a través de los padres y madres de familia.

Incierto, como señalara la diputada, que la Ley General de Educación reconociera en alguna línea “que las familias pueden y deben tener presencia en la vida de las escuelas a través de los órganos constituidos para tal efecto, que son los consejos de participación social o las asociaciones de padres de familia“.

Al contrario, la Ley General de Educación (LGE) de manera explícita señala que “las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos” (artículo 67, segundo párrafo, fracción V) .

Les reserva sí, la obligación de “colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos” (artículo 66, fracción III) y de “participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar” (fracción II, artículo 67). Por su parte, la página www.consejosescolares.sep.gob.mx determina que la participación social en la educación se restringe a la colaboración de los actores sociales, entre ellos a los padres de familia al “fin común del mejoramiento del centro escolar“, … “con el fin de promover la equidad, la pertinencia, la relevancia y la eficiencia” tendente al logro de la autogestión educativa, pero no les reconoce prerrogativas de intervención en materia de contenidos planes y programas reservados a la federación.

Nada que derogue las restricciones establecidas en la LGE que evitan la participación de padres y madres de familia en aspectos sustantivos: los laborales y los académicos. El gobierno quiere todo para su santo, mientras recorta el gasto educativo deja como siempre la responsabilidad del mantenimiento a las madres y padres de familia. Parta ellos es claro el papel que juegan.

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