El pasado jueves 6 de octubre, se cumplieron tres años de que Manuel Serrano Vallejo fuera secuestrado, y asesinado días más tarde, en medio de una guerra de exterminio, odio y terror, orquestada por algunas esferas del gobierno contra el bastión más importante del antorchismo en el país: el del Estado de México.

Por la mañana de ese día, la dirigencia de la organización y miles de ciudadanos de Ixtapaluca realizaron un acto para recordar a Don Manuel Serrano, un héroe civil, que se ha convertido en una antorcha que nos guía en nuestro diario camino de lucha y nos da ánimo y temple, y nos recuerda que el camino de los pueblos que aspiran a una vida mejor nunca ha sido fácil.

El mismo jueves 6 de octubre, por la tarde, al teléfono celular de Nibardo Hernández Sánchez, líder del antorchismo en Cuayuca de Andrade, Puebla, le llegó una amenaza de muerte, que hemos hecho pública y que no voy a repetir, para no tener que recordar el lenguaje brutal, burlón y soez, usado por los criminales que lo enviaron.

Pero sí debo decir que este mensaje tiene un antecedente grave: el sábado 1º de octubre, a las 6 de la tarde, Nibardo Hernández sufrió un ataque armado, del que pudo salir ileso gracias a una rápida reacción que puso a salvo su vida y la de dos personas más que lo acompañaban.

No es la primera vez que atentan contra la vida de un antorchista en el Estado de México o en Puebla, los dos estados en donde la organización tiene sus fuerzas más grandes en el país y, por tanto, más poder electoral.

En los últimos tres años, en el Estado de México, gobernado por Eruviel Ávila Villegas, sufrimos tres crímenes: el secuestro de Don Manuel Serrano, el atentado que dejó herido de bala al actual presidente de Ixtapaluca y el asesinato artero contra el líder en Atlacomulco Cristian Iván Ramos Melchor.

En Puebla, los más recientes son: el atentado contra el equipo de campaña de la actual diputada federal Edith Villa, el atentado contra el líder antorchista en Coxcatlán y el que hace unos días denunciamos contra el Ing. Nibardo.

Desde luego, no son los únicos crímenes: también en los últimos tres años hemos denunciado varias decenas de mensajes con amenazas de muerte, levantones de “advertencia” y allanamiento de las casas de varios de nuestros líderes y sus hijos.

Pero como en el caso de Manuel Serrano, un hombre bueno y trabajador, humilde vendedor de periódicos y padre de Marisela Serrano Hernández, una mujer valiente e inteligente que ha sabido guiar la lucha en el oriente mexiquense con muy buenos resultados para decenas de miles de familias, ninguno de estos atentados ha tenido una investigación mínimamente creíble.

En todos y cada uno, los autores materiales e intelectuales siguen libres y gozan, estamos seguros, de protección gubernamental de alto nivel. Nosotros jamás hemos pedido trato especial, pero sí el que merece cualquier mexicano que se encuentra en riesgo inminente de asesinato. Nosotros seguiremos exigiendo justicia, porque la primera obligación de cualquier gobierno es proteger la vida de los ciudadanos. Sin la vida, todo lo demás no importa.

Conviene aclarar, aunque lo hemos dicho hasta el cansancio, que no se trata de crímenes comunes, es decir, cuya raíz sea un asunto de carácter personal. Se trata de crímenes políticos con el objetivo de frenar la actividad que desplegaban en sus centros de trabajo los agredidos o, como en el caso de Don Manuel, frenar la actividad de sus familiares. El mensaje, pues, es muy claro.

Quizá los autores de los atentados y sus padrinos políticos crean que amedrentando a la dirigencia antorchista van a frenar la lucha de un pueblo entero, que exige justicia ante un gobierno que no lo escucha. Pero eso no va suceder. Porque la lucha contra la pobreza no es un asunto, como torpemente piensan los defensores del poder a cualquier nivel, un asunto que incumba sólo a los dirigentes principales de la organización, sino una bandera que ha logrado la simpatía de cientos de miles de ciudadanos en México, quienes han entendido que entre sus derechos se encuentra el de disfrutar de una vida digna.

Y que ese derecho no vendrá por sí mismo sólo porque está escrito en la Constitución o por obra y gracia de gobernantes de buen corazón. En primer lugar, porque todo mundo sabe que la constitución es violada y los derechos conculcados en el país por el poder y el dinero, sin importarles si con ello se llevan entre las patas a los ciudadanos.

En segundo lugar, porque el número de los gobernantes de buen corazón es casi igual a cero. Así que esas centenas de miles de mexicanos organizados en el Movimiento Antorchista han comprendido que la única vía para hacer valer sus derechos es la lucha organizada y fraterna de los humildes, cuya fuerza reside en sus números, razón por la cual a cada paso invitan a más gente a organizarse y hacen crecer la roca que mañana dejará sentir su peso sobre la cabeza de los que hoy gozan de privilegios robados.

Antorcha no es una organización de líderes; Antorcha es una organización de masas. Por eso, los atentados contra la dirigencia implican un ataque frontal contra un millón 500 mil mexicanos y un crimen contra el derecho de los pueblos a progresar y a soñar con que un mundo mejor es posible.

Y es altamente preocupante que los ataques contra Antorcha tengan como epicentro los dos bastiones más importantes de la organización en el país, en los que, como es lógico, la organización tiene más peso electoral. No queremos pensar que se trata de un sucio juego para obligarnos, por la fuerza, a votar en un sentido u otro en las elecciones locales de 2017 y las presidenciales de 2018.

Los precandidatos de los dos partidos más importantes deberían entender, por lógica elemental, que un agravio de este tipo no se lava en una mesa de negociación y que miles de personas que ahora piden justicia no perdonarán las agresiones con “un buen discurso de campaña” llegado el momento. En el Estado de México, han pasado ya tres años del asesinato de Don Manuel Serrano y las explicaciones más parecen una burla redonda que un intento serio por encarcelar a la mafia detrás del secuestro. En Puebla, los atentados aumentan en frecuencia y en agresividad ante la impasible condescendencia de las autoridades gubernamentales.

A ellos, en esta ocasión, nos dirigimos: si como dicen en sus actos proselitistas, buscan la Presidencia de México para sacar adelante al país porque les preocupa la forma en que vive la mayoría de los mexicanos, condenados desde hace muchos años a la pobreza más espantosa, deberán convenir con nosotros, entonces, en que la lucha del Movimiento Antorchista no es otra cosa que una bocanada de aire fresco en medio de una gran humareda y, por tanto, deberían no sólo proteger y alentar nuestro trabajo, sino castigar a quienes intentan detenernos por la vía del asesinato.

No hacerlo así equivale a ser cómplices de los criminales y, por tanto, enemigos del discurso que propalan un día sí y otro también. Y a nosotros, pues, no nos quedará más remedio que tomar la decisión que más convenga a nuestra lucha, que es la lucha de los pueblos por una vida digna.

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