En los llamados “proyectos de muerte”, las leyes benefician a las empresas trasnacionales, pues “compran territorios a precios bajos, despojan, explotan y lucran con los recursos naturales“, sin que nadie se los impida.
Así lo aseguró Raymundo Espinoza Hernández, abogado y coordinador de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), quien criticó que cuando hay “proyectos de muerte” las comunidades quieren defender su territorio, del cual son legítimos dueños porque tienen títulos de propiedad, pero las autoridades fallan en favor de las corporaciones.
Lo anterior durante el foro “Agua, tierra, libertad y soberanía alimentaria”, realizado este sábado en el municipio de Tochtepec, donde también se pronunció en contra del cultivo del maíz transgénico, al señalar que afectará a las comunidades.
Casos en Puebla
En la conferencia titulada “La política agrícola bajo el neoliberalismo”, dijo que para revertir la situación, se requiere que las personas “no cedan y se mantengan en pie de lucha” para defender los recursos naturales.
Detalló que la ANAA es un conjunto de abogados dedicados a asesorar jurídicamente a las comunidades que enfrentan presiones o intimidaciones por parte de las corporaciones que buscan comprar sus predios, por lo cual, invito a que si en el municipio ocurren casos de este tipo, le notifiquen a la asamblea.
En el caso de Puebla, Espinoza Hernández dijo que su colectivo ha ayudado a retardar la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, el cual se pretende que cruce por el norte de la entidad “dejando sin patrimonio” a varias familias.
Fracking, otra amenaza
Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de El Barzón, acusó que la Ley de Aguas promueve la comercialización del líquido a fin de que las comunidades ricas en pozos y yacimientos pierdan el control de estos y sean expropiados para venderlos a las industrias.
En este sentido, se refirió a que la técnica de fractura hidráulica se ha convertido en una práctica muy recurrente de las empresas para extraer gas, sin embargo, los daños al medio ambiente son irreversibles.
Además, explicó que este método ocupa grandes cantidades de agua, que es expulsada a presión para perforar rocas y extraer petróleo o gas.
Este recurso, también llamado ‘fracking’, deja la tierra “inservible” –puntualizó- ya que cuando las empresas terminan de explotar el subsuelo, la zona se vuelve estéril, además de que se han planteado teorías de que la vida humana también corre peligro debido a la expulsión constante de gases que hay debajo de la tierra.
Repudian recorte al campo
Por otro lado, Francisco Jiménez Pablo, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, criticó que el gobierno federal pretenda “empobrecer más” al campo luego de que el presupuesto para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sufriría un recorte de al menos 17 mil millones de pesos para el siguiente año.
Aseguró que con la disminución, los campesinos tendrán “más dificultades” para obtener ganancias de sus cosechas, ya que con el apoyo federal de Proagro podían comprar fertilizantes y pesticidas, pero en caso de que les sea retirado, dichos gastos tendrán que ser cubiertos con la venta de los granos, que ya de por sí –señaló- “no alcanza para mucho”.
En este sentido, advirtió que si el campo es “castigado”, la producción nacional de maíz se verá mermada, lo cual obligaría a importarlo y, en consecuencia, los productos derivados de este –como la tortilla, principalmente- aumentarían su precio.
El foro se realizó en las instalaciones de “El Barzón”, movimiento campesino fundado en 1993 que mediante la resistencia y la protesta ha impulsado apoyos al sector.