Aurelio Nuño “va por el mundo” propalando que uno de los mayores méritos de la reforma educativa consiste en la liquidación de un sistema clientelar que “defendía privilegios indebidos, vendía y heredaba la plazas, un sistema educativo que contaba con maestros sometidos y escuelas abandonadas”.
Culpa por este proceso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y acusa de complicidad a quienes le exhortan a dialogar con el magisterio disidente y le trazan una ruta correcta, así sean diputados y senadores de la república (miembros de un poder autónomo), lo mismo que trabajadores y trabajadoras de la educación, madres y padres de familia, alumnos y alumnas, intelectuales, sindicatos nacionales e internacionales.
Sin embargo, ni el león no es como se pinta, ni los malos de la película son tan malos como los muestran, ni la medicina que pretenden utilizar sería el gran paliativo que requeriría una “reforma educativa”, que debería en todo caso, ser consensuada con quienes tendrían la responsabilidad de aplicarla en las aulas.
En cambio mediante promocionales y discursos, Nuño recrimina a los maestras y las maestros que recurran a sus alumnos y alumnas para defender a quienes “fueron suspendidos por acumular faltas sin justificar, …por estar defendiendo privilegios indebidos, como la venta y la herencia de plazas”.
Cierto que maestros y maestras se manifiestan en las calles, plazas públicas, zócalos, casetas de peaje y carreteras en defensa de derechos laborales adquiridos al amparo de la legislación vigente y no por defender “privilegios indebidos” como se les acusa.
Entre los derechos laborales adquiridos que el magisterio defiende a ultranza destacarían, el derecho al ejercicio del desempeño de su labor docente en una plaza de base transcurridos seis meses a partir de su contratación en contraposición a los contratos temporales renovables cada cuatro años como establece la ley General del Servicio Profesional Docente; laborar en su jornada en un centro de trabajo establecido previamente sin ser objeto de cambios discrecionales ordenados por capricho de la autoridad educativa; y a obtener una jubilación remuneradora y decorosa cumplida la edad requerida y los años de trabajado estipulados.
En ningún momento los maestros y maestras que disienten de la reforma laboral demandan “privilegios indebidos”.
La venta de plazas en el sector magisterial se remontaría a los primeros años de la década de los años 60 del siglo pasado, casi 20 años antes del surgimiento de la CNTE, organización a la que se hace responsable mediáticamente de ese hecho. Acción fortuita que se iniciara ante la presunción de una jubilación o de una renuncia del algún maestro o maestra, era la vía por la que los interesados sin padrino, podrían acceder al ejercicio de una doble plaza que incrementara su exiguo salario.
Transitaba siempre por la complicidad de un miembro de algún comité ejecutivo seccional del SNTE y de una autoridad educativa de las entidades la federación, quien pasaba el nombramiento respectivo a la firma del titular de la dependencia.
El “privilegio” a heredar una plaza a un hijo o a un descendiente en línea directa que ejercieran algunos maestros y maestras, fue reconocido como uno de los derechos adquiridos mediante el procedimiento de usos y costumbres, pactado a la luz del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (Anmeb), entre los gobernadores de la entidades libres y soberanas y Elba Esther Gordillo Morales, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en 1992.
Prestación que por usos y costumbres se homologaba con la que detentaban los trabajadores de todos los sindicatos al servicio de la federación, mediante cláusula concertada en los contratos colectivos. Instrumento de control político, la venta y la herencia de plazas fue el resultado de una alianza corporativa entre los gobiernos emanados del movimiento revolucionario y los líderes sindicales que tenían el control de los y las trabajadoras al servicio del Estado.
El final feliz preconizado por Nuño dista mucho de lo que en realidad sucede en las diferentes entidades. La “transformación educativa que libera a los maestros, que les da el derecho de ganar su plaza por mérito y no porque se la haya dado algún político o cacique”, se enfrenta por un lado a la poca “validez y confiabilidad” que tienen las evaluaciones a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y por otro a la venta de los interinatos -en algunos estados- a quienes no presentaron la evaluación de ingreso y por lo tanto no están vetados por la Coordinación General del Servicio Profesional Docente, lo mismo que por la comercialización de plazas administrativas y las que se venden en el nivel de educación superior.
Parteaguas ficticio de la modernidad educativa que centra su política en las evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción no son, ni con mucho, una innovación acreditable a la administración de Enrique Peña Nieto.
Francisco Martínez Rodríguez, exdirector general adjunto del Instituto Nacional de Evaluación, mediante un breviario rememora algunos antecedentes de los procesos de evaluación entre los que se encontrarían un “examen de oposición para egresados de normales estatales, aplicado a maestros de primaria y preescolar, de 1983 a 1992. Dejó de funcionar como estrategia para asignar plazas como efecto de la federalización”.
El examen de Carrera Magisterial aplicado a partir de 1993 a la fecha, para medir la preparación profesional de los maestros de educación básica” y un concurso de ingreso al servicio docente, obligatorio a partir del 2008, coordinado por un organismo independiente cuyas pruebas “elaboradas, por imposición de la SEP, por el Ceneval”, contaban con una supervisión activa del órgano independiente”.
Mal y de malas, Aurelio responde confrontándose con sus críticos y lejos de responder con humildad a las detracciones, exalta logros que exhiben carencias.
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