Constancio Carrasco Daza, presidente del Tepjf, aseguró que se debe “favorecer” el derecho a votar de quienes están detenidos o cumplen una sentencia condenatoria en prisión, independientemente de cuál sea la causa.
Lo anterior porque, a pesar de que estén privadas de su libertad, mantienen sus derechos humanos, agregó el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).
Al presentar el libro “Mujeres Privadas de la libertad y del derecho al voto. De objeto de normas a sujetos de ciudadanía”, aseveró que, cuando la vida de alguien “se ha desgajado con una sanción privativa de libertad, al privilegiar sus derechos políticos se privilegian sus condiciones de vida”.
Detalló que, la población nacional penitenciaria es de más de 230 mil personas, de esa cifra, 6 mil son mujeres que se encuentran procesadas por delitos federales o locales.
Casi medio millar de niñas y niños viven actualmente en los centros de reclusión en México y, el 60 por ciento nacieron en los reclusorios.