Columnistas-MarcoAntonioRoviraTorres

A pesar de la tan anunciada austeridad, México es un país de maravillosas riquezas y oportunidades para todos aquellos que cuentan con la gracia o la suerte de pertenecer a la élite dominante.

Si se pudiera hablar de un “sueño mexicano” −así como en nuestro vecino del norte se dice que, aún bajo las preocupantes circunstancias actuales, se puede hablar de un “sueño americano”− éste sería uno muy peculiar, por no decir francamente deshonesto.

Se trata de la posibilidad de que, algún día, a través de los vínculos establecidos con o desde la élite política, se pueda hacer una demencial fortuna que no sólo quedará asegurada por estos corruptos nexos, sino también por una política tendiente a restarle más a quienes menos tienen para dárselo a los más ricos.

Desde la semana pasada diversos medios difundieron información sobre los denominados BahamasLeaks, que al igual que su antecedente, los Panama papers, dejaron al descubierto las artimañas con que opera el sistema de dominación mundial y sus agentes para sustraer de la fiscalidad de diversos países impresionantes fortunas, muchas de ellas de orígenes francamente sospechosos.

Como era de esperar, no pudieron faltar mexicanos relacionados a la lista de empresas offshore, como Gastón Azcárraga, Dionisio Garza Sada, Ricardo Pierdant, junto a personajes de la elite política como Fernando Gómez Mont, o el ex gobernador de Nuevo León y Secretario de Economía y Energía durante el sexenio de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond.

Pero ahí no acaba la cosa. También en estos días medios como sinmebargo.mx se han encargado de difundir información sobre cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que hasta hace poco estuvo a cargo del ahora defenestrado Luis Videgaray, abusando de una política que se suponía iba a servir para que las personas o empresas de medianos o pequeños ingresos pudieran ser condonadas en su carga fiscal, si es que ésta demostraba ser mortal para su supervivencia, decidió − ¿y por qué no hacerlo?− perdonar miles de millones de pesos por concepto de impuestos a grandes empresas y empresarios, entre lo que podemos destacar está el caso de Volkswagen México, los Vázquez Raña, Carlos Slim, organizaciones de la Iglesia Católica, empresas ligadas a la familia Zavala –la misma familia de la suspirante panista a la presidencia, Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón−, etcétera.

Pero aún hay más. Esta misma semana se nos dice a través de un análisis elaborado por la OCDE y difundido en distintos medios, que México es el único país donde se cobra Impuesto Sobre la Renta (ISR) a sectores medios de la población laboral formal, mientras en otros países estos están exentos de tal impuesto, reservándose los mismos a los que más dinero tienen.

Si aplicásemos una definición clásica de la política entendida como el “quién recibe qué, cuándo y cómo”, quedaría muy claro que en México la política es la de las élites; está a su servicio y le sirve fielmente a sus intereses para consolidarse y reproducirse a sí misma, aún a costa de la inmensa mayoría de los que vivimos y trabajamos en este país.

Si tuviéramos que definir un régimen a partir de esta apreciación descarnada de nuestro sistema, el más idóneo sería el de Plutocracia, es decir, el gobierno de una oligarquía donde el poder lo tienen los más ricos.

En los discursos se habla de que todos nos tenemos que apretar el cinturón por la inminente crisis en que estamos entrando, recortando dinero aquí y allá sin escrúpulos; pero tras toda esta avalancha de información revelada últimamente, queda muy claro que el cinturón no aprieta igual para todos, y que la democracia en México termina donde empiezan los intereses y ganancias del grupo en el poder y sus allegados, nacionales y extranjeros, que a costa de una injusticia social cuasi institucionalizada viven cómodamente su “sueño mexicano”.

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