Algunos medios de comunicación poblanos han dado cuenta, desde hace dos semanas, de las movilizaciones que llevan a cabo el Movimiento Antorchista y la Fnerrr para exigir que los gobiernos estatal y municipal de Puebla resuelvan algunas demandas educativas que son, según los organismos encargados de medir la calidad de la educación, absolutamente necesarias y de urgente solución.
¿Cuáles son las demandas? No haremos una lista pormenorizada, porque no es el caso llenar cuartillas con detalles que el gobierno conoce sobradamente, aunque podemos ofrecerla a quien nos la pida. Basta decir que se trata de:
1) la construcción de aulas, direcciones, sanitarios, plazas cívicas, salas de cómputo, laboratorios y bardas perimetrales en 33 escuelas de la capital y varios municipios del interior del estado.
2) La donación de terrenos a favor de la SEP por parte de los gobiernos estatal y municipal, para la construcción de seis escuelas.
3) La entrega de claves de funcionamiento a 11 escuelas, para que puedan ser beneficiarias de los programas de gobierno.
4) Finalmente, la aplicación de 17 millones de pesos en la construcción de la segunda etapa de la Casa Cultural Estudiantil Macuil Xóchitl y de la Casa Estudiantil Hermanos Serdán, cuyos recursos fueron gestionados por los diputados antorchistas en la Cámara de Diputados.
Es necesario subrayar que, en muchos casos, la solución consiste en la liberación de un simple papelito burocrático para que las constructoras pongan manos a la obra; también es preciso recordar que miles de alumnos de estas escuelas han esperado ya muchos años, en algunos casos ¡hasta nueve!, para tener aulas dignas, y, por último, que los recursos para algunas construcciones ni siquiera los va a poner el gobierno, sino que ya fueron gestionados por los diputados federales de Antorcha y sólo es cuestión de que los apliquen en las obras.
Ya no es noticia que nuestro país resulte siempre mal calificado en las mediciones internacionales de educación. El “Panorama de la Educación 2015” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que en México tenemos problemas muy graves: por ejemplo, dice, el 25 por ciento de las primarias y secundarias del país trabaja en instalaciones adaptadas para dar clases, no en inmuebles construidos con ese fin. El 36 por ciento de las escuelas carece de drenaje. El 24 por ciento no tiene agua de la red pública. El 10 por ciento no cuenta con baños. El 8 por ciento no posee energía eléctrica. El 15 por ciento no tiene sillas para los alumnos. El 10 por ciento carece de pizarrón. El 40% de las escuelas carece de computadoras y el 61% no tiene acceso a internet.
Si éstas son las condiciones de educación, ¿están o no están justificadas las demandas de los antorchistas?
Ese mismo estudio sostiene que de los países integrantes de la OCDE, México es el que menos dinero gasta por estudiante: en educación primaria el gobierno erogó 2 mil 600 dólares en promedio por estudiante, mientras que en el resto de los países el gasto promedio es de 8 mil 200 dólares. Y hay que tener en cuenta que el 81 por ciento de ese gasto se va en pago de docentes y burocracia.
Suma y sigue. Una nota publicada en el portal e-consulta el pasado 25 de septiembre afirma que el “13.7 por ciento de los 1.8 millones de niños y jóvenes de entre tres y 24 años de edad en Puebla no asisten a la escuela, según un informe presentado por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef)”.
Más adelante, detalla que “en Puebla no van a la escuela 251 mil 704 niños y jóvenes” y que ese número “equivale a la población de los municipios de Cuautlancingo y San Andrés Cholula, la cual suma 249 mil 515 personas”. La Unicef no se queda ahí y también afirma que “el porcentaje de ausentismo escolar para el caso de niños de entre 6 y 17 años, asciende a un 9.6 por ciento, cuando el promedio nacional es de 7.3 por ciento, es decir, Puebla supera la media nacional”. ¿Y quién va a responder por este desastre?
En efecto, como es claro para cualquiera, en la alta deserción escolar de los niños y jóvenes poblanos influyen muchos factores, como la pobreza hija de los bajos salarios, pero también es claro que juega un papel determinante la mala calidad educativa que, incluye, desde luego, la poca o nula infraestructura de las escuelas como quedó demostrado con las cifras de la OCDE.
Según la Unicef, “en el país no se han realizado (el gobierno no ha realizado, aclaro yo) las acciones necesarias para disminuir la desigualdad entre las escuelas públicas y privadas, así como entre los planteles que están en zonas urbanas y los que están en áreas rurales”.
Pero para algunos funcionarios del gobierno, nada de eso vale. Por ejemplo, según el secretario general del Ayuntamiento de Puebla, Mario Riestra Piña, “no hay dinero para comprar terreno de escuela antorchista (sic)”, según reportó un programa de radio, luego de las movilizaciones a las que me referí al inicio de este escrito.
Y lo mismo pasa en un sector de la prensa, que se ha empecinado en “demostrar”, con notas verdaderamente absurdas, que “Antorcha Campesina (es una) organización enemiga de la sociedad” porque nos movilizamos para que las escuelas tengan las condiciones adecuadas para educar. O sencillamente lanzan por delante las “graves afectaciones” al tránsito vehicular que causan las manifestaciones, sin que haya una explicación sobre las razones de fondo de las protestas.
Ya veíamos la semana pasada cómo se las gastan para estos temas el diario Milenio y el tristemente célebre Roberto Desachy; ahora se lanzan al ruedo los portales contraparte.mx y periodicocentral.mx, que se han convertido en voceros oficiosos de los gobiernos estatal y municipal.
Según el primero, los antorchistas que pedimos mejores escuelas para los niños y jóvenes poblanos somos enemigos de la sociedad; de acuerdo con el segundo lo único rescatable del hecho fue el tráfico vehicular.
¿Por qué el análisis truqueado? Porque estos medios, desde su altar de cuarto poder intocable, “estudian” y “reportan” la realidad a través el áureo reflejo de las monedas contantes y sonantes de la publicidad.
Su escasa capacidad de raciocinio, o porque son también víctimas de un sistema educativo mal organizado, no les permite darse cuenta de que, cuando atacan las demandas educativas de los jóvenes de la Fnerrr o de Antorcha, se convierten de facto en culpables, o cómplices cuando menos, de la mala educación que siempre nos restriegan en la cara los estudios de instituciones internacionales especializadas en esos temas.
La educación de calidad es un derecho consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el que nadie responde. Es un derecho, como muchos otros, violado una y otra vez por los gobiernos que “nunca tienen dinero” para resolver problemas básicos de la población, aunque sea un secreto a voces que toneladas de dinero se pierden en los laberintos de las oficinas gubernamentales sin que nadie nunca dé cuenta de ello.
Por nuestra parte, creemos que la baja calidad educativa daña al país, porque nos vuelve dependientes de la tecnología y la ciencia extranjeras, porque nos hace sumisos ante nuestro primer socio comercial, Estados Unidos, y, por tanto, sujetos a los vaivenes de la economía de aquella nación en decadencia.
Una buena política educativa, preocupada en serio por educar a los mexicanos, sería un buen primer paso para que, en el mediano plazo, nos convirtamos en una sociedad pujante, con un mercado interno fuerte que disminuya los niveles de pobreza que nos azotan actualmente.
Por eso, porque la realidad nos da la razón, seguiremos luchando hasta lograr nuestras demandas para que la niñez y la juventud poblanas tengan mejores niveles educativos.
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