Colombia ha sido un país con hechos históricos muy distintos a los vividos en la mayoría de los países latinoamericanos. A partir de la década de los ochentas se convirtió en el principal proveedor de cocaína para el mercado norteamericano, lo que encumbró al narcotraficante más reconocido en el mundo, Pablo Escobar.
En la década de los noventas logró la transformación urbana de muchas de ciudades, mismas que se convirtieron en modelo para otras ciudades en toda América Latina; en México, por ejemplo, nosotros hemos adaptado el sistema de transporte urbano que conocemos como Metrobús.
Pero quizá el hecho que más ha diferenciado a Colombia del resto de los países de la región es el conflicto armado al interior del país con la guerrilla conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP). Con el objetivo de instaurar un sistema socialista en el país, las Farc-EP nacen oficialmente en 1964, aunque sus inicios, se dice, son anteriores.
Empezaron como un sistema de autodefensas y de guerra de guerrillas pero, a inicios de los ochentas, incursionaron en el narcotráfico, minería ilegal, con el uso de técnicas de guerra propias del Viet Kong como la implantación de minas antipersona, el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas y armas no convencionales (cilindros de gas, animales bomba).
Dadas estas características, podemos entender la crisis de seguridad permanente en que hasta estos días ha vivido el pueblo colombiano, de hecho, se estima que en cinco décadas el conflicto ha costado la vida de 220 mil personas y más de cinco millones fueron desplazadas.
Los golpes han sido duros para ambos bandos, civiles y políticos muertos, secuestrados, etc., pero también, bajas por parte de la guerrilla en términos de miembros y de líderes; esto hasta el día de hoy que se ha consolidado una firma de un acuerdo de paz con la intervención de distintos actores externos de entre los que sobresalen Cuba y la Iglesia Católica.
Las negociaciones que iniciaron hace cuatro años en la Habana no han sido sencillas, hay quienes piensan que los guerrilleros deben pagar por los crímenes que han cometido, en espacial el defensor de esta idea es el ex presidente Álvaro Uribe. Él y sus simpatizantes han criticado la impunidad de que gozarán los ex guerrilleros, algo que también ha sido denunciado por organizaciones como Human Rights Watch.
Ante esto, el gobierno ha sido claro en que los guerrilleros que han cometido los actos más atroces sí serán juzgados, aunque serán muy pocos; y, por su parte, la guerrilla se ha comprometido a pedir perdón y resarcir los daños a sus víctimas.
A pesar de esto, la paz se ha firmado finalmente y los actores responsables, Juan Manuel Santos por el gobierno colombiano y Timochenko por parte de las Farc-EP, han estrechado las manos. Este proceso de paz se concretará con un plebiscito, al cual se ha comprometido el movimiento y el cual legitimará esta paz hacia adelante en el tiempo, en el pueblo colombiano.
Importante este paso ya que si el acuerdo queda refrendado, se activará el Acto Legislativo para la Paz que señala que éste entrará a formar parte de la Constitución con lo que, tanto el actual gobierno como futuros presidentes se verán constitucionalmente obligados a respetarlo.
México ha sido uno de los testigos de esta firma histórica, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participó de forma activa en el seguimiento a los Acuerdos de Paz en Colombia y se ha comprometido una aportación económica de un millón de dólares para el esfuerzo global de desminado del territorio colombiano.
Colombia es el segundo país con mayor número de minas colocadas, sólo después de Afganistán. Por todo esto, lo que se firma hoy es más que un acuerdo entre un gobierno y una guerrilla, es, como lo ha dicho el presidente Santos, un acuerdo que aún con imperfecciones salvará vidas; lo que es preferible a una guerra perfecta que siga sembrando muertes.
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