El llamar isomonio a la unión de parejas homosexuales como lo propuso el diputado del PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, es absurdo y un retroceso en materia de derechos humanos, aseguró la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual (APPS).
Alejandro Pérez Pérez, representante de la organización, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitucional el código civil de la entidad, por lo que ya no debería discutirse cómo llamar a la unión civil entre dos personas del mismo sexo, sino aprobarla.
En entrevista con Ángulo 7, señaló que la propuesta del panista en lugar de “construir” genera discriminación, pues no contempla la inclusión social, por el contrario, promueve la segregación de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT).
Informó que este domingo varias organizaciones realizarán una movilización que iniciará en el Parque Juárez a fin de exigir la “no intervención de la iglesia, el estado laico y la defensa de los derechos humanos”.
Promueve la discriminación
Detalló que “la comunidad quiere que se le reconozca y respete los derechos y privilegios civiles de los que goza el matrimonio heterosexual”, pero la idea de Rodríguez Regordosa plantea una legislación diferente, lo cual se convierte en discriminación.
El legislador local del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que la figura de “isomonio” solo permitiría la unión civil, pero prohibiría la adopción, lo cual es un claro acto de discriminación –insistió- y “sería un retroceso en derechos universales si se llega a aprobar algo así”.
“El término es de risa, fue sacado de la manga”, dijo después de que el también dirigente municipal del PAN afirmara que lo inventó al unir dos palabras de origen griego.
Con respecto a la negativa de la iglesia católica para que se ocupe el término “matrimonio” para las uniones homosexuales argumentando que la palabra solo se refiere a una unión heterosexual, el activista dijo que a la comunidad LGBT “no le interesa” el término religioso, sino que exige que se utilice para obtener certeza jurídica.
En este sentido, puntualizó que las agrupaciones religiosas no deberían intervenir en el debate de los llamados matrimonios igualitarios, pues según la Constitución, México es un estado laico, así que –detalló- la iglesia no puede tener injerencia en las decisiones legislativas.[checklist][/checklist]