Organizaciones ambientalistas registraron 67 violaciones de derechos sociales por parte de empresas del sector minero, energético, agroindustrial y de la construcción en el país; 10 casos sucedieron en Puebla, por lo que es el primer lugar.
El informe “México: Empresas y Derechos Humanos” –emitido en el marco de la visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos- recopila denuncias de organizaciones y ciudadanos contra 99 empresas –de las cuales el 50.5 por ciento son nacionales, 41.4, extranjeras y el 8.8 del Estado– que “violaron” derechos de comunidades, familias o asociaciones civiles.
En la entidad poblana, Pemex y empresas textiles fueron acusadas de “violentar” los derechos a la salud, vida digna, tierra, medio ambiente sano, información y alimentación debido a la “devastación” socio-ambiental del Río Atoyac en comunidades a San Martín Texmeucan. La denuncia la hizo el Centro de los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”.
Deselec 1, filial de Grupo Comexhidro, fue señalada de “intimidar y amenazar” a habitantes de los municipios de Tepatlán y Ahuacatlán, que se opusieron al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, además de “violar” su derecho a la consulta previa, libre e informada. Dicha empresa quiere modificar el cauce del río Ajajajpan, localizado en la Sierra Norte del estado.
Canace, CFE y Bonatti, empresas señaladas
Puebla, al igual que 11 estados más, forma parte de casos de trasgresiones por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el caso de la entidad poblana, es por el incremento en sus precios en los municipios de Huauchinango y Juan C. Galindo.
La empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (Tgnhsa), filial de Transcanada fue objeto de las mismas acusaciones en dos proyectos: la construcción del gasoducto Altamira-Tula y de una estación de bombeo.
Transcanada y Bonatti fueron acusadas por abusos a derechos humanos para la implementación del Gasoducto Tuxpan-Tula de Allende, que se ubica en Hidalgo y Puebla, en el municipio de Honey. En las comunidades de Pantepec, Jalpan, Tlacuilotepec, Tlaxco, Pahuatlán, Honey, Venustiano Carranza y Francisco Z. Mena, se amenazó a los pobladores para que les vendan sus predios, además de que no se consultó el proyecto.
Canace, operadora de minas a cielo abierto en Pahuatlán, fue reportada por abuso del agua y medio ambiente sano, además de intimidación y amenazas.
La comunidad Tecoltemi, municipio de Ixtacamaxtitlán, fue afectada por el proyecto minero Tulictic en la Sierra Norte a cargo de Minera Gorrión, filial de Almadens, pues “violó” los derechos a la vida digna, los derechos indígenas, a la información y a la consulta previa.
Gasoducto Morelos, también trasgredió
Asimismo, las empresas Abengoa, Enagas, Elecnor, Bonatti (Constituida por Elecnor y Enagas), que construyen el Gasoducto Morelos “violentaron” los derechos al medio ambiente sano, a la consulta previa libre e informada de los pueblos cercanos al volcán Popocatépetl y a la defensa de la seguridad y la vida campesina.
El vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Juan Carlos Flores Solís, estuvo encarcelado casi un año, así como Enedina Rosas Vélez, ejidataria de Atlixco.
En comunidades de Pahuatlán, la Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de Transcanada, realiza una obra sin el permiso de los habitantes.
Como caso de “privatización del agua” se documentó el de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, a quienes se les violarios sus derechos al vital líquido y se les negó un juicio justo. Este caso se desarrolló en el municipio de Pahuatlán.
Puebla y México, con más casos
Los derechos más violentados fueron el del derecho a la tierra, (32 casos), acceso a la información (28) y al medio ambiente sano (22), mientras que hubo otros 32 casos de intimidaciones y amenazas.
Asimismo, hubo 18 casos de la falta de consulta previa, libre e informada; 17 por violación a derechos indígenas; 17 a la salud y 14 al agua y vida digna, respectivamente.
A nivel nacional, las entidades que más denuncias registraron fueron: Puebla y el Estado de México, con diez casos cada una; le sigue Guerrero, con seis y la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Oaxaca, con cinco casos cada una.
Por otro lado, Coahuila, Colima, Durango, Sonora Morelos, Sinaloa y Tlaxcala fueron las que menos denuncias reportaron, con un solo caso.
En tanto, los sectores más denunciados fueron el minero y el de hidrocarburos; posteriormente, fueron el de energía y construcción de obra pública. Finalmente, estuvieron el agroindustrial y el inmobiliario.
El estudio fue realizado con base en el cuestionario de referencia para la documentación de abusos de empresas elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Ciedh) y la red internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC).
Fortalecer marco regulatorio
En el reporte, las 52 organizaciones firmantes (entre locales y de presencia internacional) recomendaron -entre otras cosas- que el grupo de trabajo visitador “refiera y reconozca la crisis de derechos humanos en el país y el papel de las empresas para abordarla y remediarla”.
También que “inste al Estado a facilitar y asegurar que otros procedimientos pueden hacer visitas oficiales a México”, pues “debe asegurar la protección de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente”.
Asimismo, dijeron que se debe “fortalecer y cumplir con el marco de regulación y control de todos los sectores empresariales, enfatizando los relacionados con proyectos de gran escala para garantizar protección de los derechos humanos”.
Lo anterior porque acusaron que no se respetan dichos derechos y los juicios benefician a las empresas acusadas.
Además, criticaron las reformas energética y minera, pues perjudican el medio ambiente en las comunidades.
Entre las organizaciones firmantes destacan: Greenpeace México, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Campaña Nacional “sin Maíz no hay País” y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Ciedh).
