Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, integrantes de la Reddh, denunciaron omisión del TSJ, pues aunque un juez federal ordenó en diciembre pasado que les regresaran la casa de la que fueron desalojados, aún no lo ha hecho.
Ante medios de comunicación, a las afueras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sampedro Morales dijo que la autoridad judicial de Puebla se ha convertido en “cómplice” de los “especuladores” inmobiliarios que se quedaron con la casa.
Lo anterior porque recodó que el 12 de agosto del año pasado ambos activistas de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh) fueron “sacados” de su domicilio ubicado en la calle Columbia, número 7 del fraccionamiento Vista Alegre, pues el juez “se adelantó” a lo establecido por la ley.
Refirió que han buscado al titular del TSJ, Roberto Flores Toledano, para que les dé una explicación, sin embargo, no los ha recibido y sólo delega “su responsabilidad” a la secretaria adscrita y no les da una respuesta concreta.
Mencionó que ante dichos hechos se tenía que haber priorizado el derecho humano a la vivienda para la personas que están en posesión del inmueble, pero la legislación local sigue caracterizando a esta garantía individual como mercancía, contraviniendo la legislación internacional en derechos humanos.
Juez local apeló sentencia federal
Por su parte, Bonilla Dumit recordó que el juez federal notificó que se tenía que cumplir la sentencia de amparo 1866/2015 del pasado 30 de noviembre, pero el Juzgado 12 civil de Puebla, a cargo del juez Ismael De Gante López apeló el proceso, en el que niega que haya habido violación a sus derechos humanos y hasta el momento no “se ha resuelto porque dicen que están cargados de trabajo”.
Especificó que el valor del inmueble desalojado es de 800 mil pesos, pero la autoridad poblana se lo adjudicó por 320 mil pesos, en un litigio que en cartera vencida fue entregado al demandante por 35 mil pesos, por lo que “minimizaron el derecho humano a la vivienda y favorecieron a quienes lucran contra otras personas”.
Detalló que la casa de la que fueron desalojados la compró su papa Jorge Bonilla Sánchez a través de un crédito hipotecario que se descontaba vía nómina, posteriormente, al morir su conyugue María Elvira Guadalupe Dumit Garzón, se estableció que se cubría el 50 por ciento restante, sin embargo, a 12 años de fallecida, el banco inició un juicio cobrándoles como nuevo el inmueble.
Cabe mencionar que la casa fue vendida por la inmobiliaria Zendere a María Levinia Arellano Cabrera, una prestanombres de dicha firma, en 35 mil pesos, que inició y ganó el proceso legal en 2004, inmueble que a pesar de que fue desalojado no está habitado por el demandante.
