Publicada el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, la reforma educativa, orgullo de Enrique Peña Nieto, se encuentra entrampada entre cuestionamientos, rechazo, burocracia, plazos forzosos y otras linduras similares.
De ahí que los llamados de Aurelio Nuño Mayer y algunos diputados, entre ellos Jesús Zambrano, presidente de la legislatura e integrante de la corriente de los “chuchos” del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para establecer “un gran acuerdo nacional que evite que cualquier alternancia presidencial o cambio en la correlación de fuerzas lo ponga en riesgo a largo plazo”.
Sin embargo, para investigadores, maestras, maestros y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la reforma está muerta y, en todo caso, mal instrumentada, como lo externan voceros del Partido Acción Nacional (PAN), a pesar de los elogios presidenciales y de llamados a evitar posturas fundamentalistas que lanzan voceros del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero, si se revisaran las diferentes posturas con cierto ojo crítico, se encontraría que todas tienen una parte de razón. Nuño reconoce la posibilidad real de un triunfo electoral del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador y el fin de una reforma cocinada bajo los lineamientos de la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico (OCDE) cuando plantea generar mecanismos que aseguren la supervivencia de la que sería calificada por el titular del ejecutivo federal como “la más importante y relevante” de las que adoptara; reforma que si no fuese en los hechos desechada, si sería en todo caso, modificada por quien encabece la titularidad del ejecutivo federal en la administración 2018-2024, incluidos PAN y PRI.
Que la reforma se encontraría en calidad de cadáver, que estaría muerta como afirma la CNTE podría conjeturarse no sólo a partir del levantamiento de la sanciones que impusiera la Secretaría de Educación Pública (SEP) a quienes desde hace 92 días se manifiestan en contra de la reforma laboral y a los que no sustentaron las evaluaciones de permanencia en el servicio docente, sino también derivarse de la revisión de algunos indicadores en materia educativa.
Punto de partida para la instrumentación de la reforma, la evaluación de permanencia sólo se ha aplicado a “casi 132 000, 86.2 % de quienes fueron convocados a nivel nacional” (http://goo.gl/J4UC3d), tan sólo el 8.89 % del un millón 484 811 educadores y educadoras que integran el universo en educación básica y media superior (Cuadro 1.1 Número de alumnos y docentes por nivel educativo. Los docentes en México, INNE, informe 2015).
A los 132 mil evaluados en el ciclo anterior habría que sumar los 150 000 presuntos implicados que sustentarían la evaluación en noviembre de éste año para un total aproximado de 282 000 maestros y maestras, el 18.99 % del total, menos de uno de cada 5 profesores.
“Corazón de la reforma“, el modelo educativo integrado por 3 documentos (La Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI, El Modelo Educativo 2016 y La Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016), cuestionado por especialistas, personal docente y por la Coordinadora se pondría en marcha, supuestamente, al inicio del ciclo escolar 2017-2018, tan sólo 3 meses y 10 días antes de que concluya la administración actual.
“Supuestamente” arrancaría, presunción personal, tan solo sí y solo sí la correlación de fuerzas, que enfrenta a las autoridades gubernamentales con quienes disienten, favoreciera en ese momento a una administración que fenece. Análisis que ocuparía al equipo de transición que actué a nombre del ya entonces candidato electo cuya intervención estaría enfocada a garantizar la toma de posesión del agraciado.
Sin embargo, ejes fundamentales para la instrumentación del modelo que preocupa al Nuño, se quedan cortos. El programa escuelas al Cien, independientemente de la venta de los certificados de infraestructura educativa y del gasto anticipado por 20 años del 25 % del 56% de los recursos destinados a infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por los Estados, permitiría la remodelación y la creación de espacios educativos en 33 mil escuelas, el 15.71 % de las casi 210 000 que integran este rubro, considerando las destinadas a la educación básica, media superior y superior.
Si la comparación tocara solo a los planteles de preescolar, primaria y secundaria, el porcentaje de atención se incrementaría sólo en 0.17 puntos porcentuales (207 mil 682 planteles de educación básica y especial, http://goo.gl/TiLi4N).
El eje 1 “La escuela al centro”, remite hasta el momento sólo a un cambio de nombre originado por la actitud burocrática y autoritaria de las autoridades educativas locales y federales. Las requerimientos de información que actualmente se solicita a las escuelas y por ende al personal docente no sólo no han disminuido como se planteara, sino que se ha incrementado con las tareas derivadas de la atención a los consejos técnicos y a los consejos escolares.
El destino de las escuelas de organización multigrado que se debiera combatir, se mantiene en el porcentaje previo al anuncio del programa (44 %) con pocas posibilidades de convertirse en escuelas de organización completa o por lo menos, contar con una plantilla de personal en el que un solo docente atienda a un grupo académico. El eje 3 que atendería la “formación y desarrollo profesional docente” destinaría este año, tan sólo un mil pesos anuales por docente, cifra insuficiente a todas luces y más cuando los interesados se quejan por la falta de tutores que les asistan como está estipulado.
Perdieron miserablemente la oportunidad para encabezar la reforma educativa que requieren la nación, las niñas, los niños, los adolescentes, los padres, las madres de familia, las maestras y los maestros. Desperdiciaron la oportunidad por seguir a raja tabla instrucciones de los organismos internacionales y la convirtieron en todo un rosario de infortunios.
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