La CNDH México se pronunció contra las penas de larga duración, argumentando que con ellas no es posible la reinserción social del preso, ya que no se enfocan en evitar nuevos hechos delictivos y violan los derechos humanos.
De acuerdo con una investigación realizada por Gerardo Palacios Pámanes, a 2 mil internos en Nuevo León, se evidenció que el incremento de la pena es inútil para frenar la criminalidad.
Lo anterior porque el 83 por ciento respondió que al momento de cometer un delito ignoraba la pena prevista en la ley para quien lo cometiera.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que el incremento de las penas no ayuda en la reinserción social del sentenciado, señalado en el artículo 18 de la Constitución del país.
La pena de prisión vitalicia o las condenas de larga duración pueden rebasar el tiempo de vida promedio en México, que es de 75 años, las cuales atentan contra el principio de reinserción social, porque obtendrían su libertad después de los 70 u 80 años, si es que aún viven.
No había penas privativas tan largas
Actualmente, la prisión vitalicia y las sentencias de larga duración no se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional, aun cuando su duración supere considerablemente el tiempo de vida de cualquier persona.
Pero antes de octubre de 2001, el criterio era diferente y a este tipo de penas se les declaró inconstitucionales por ser inhumanas, crueles, infamantes, excesivas y por apartarse de la finalidad esencial de la pena establecida en el artículo 18 constitucional, que era en ese entonces la readaptación social del delincuente.
Consecuencias de encarcelamiento prolongado
Las sentencias de larga duración traen problemas para quien las cumple, como aislamiento social, dependencia total, pérdida de la conciencia del transcurso del tiempo, abstinencia sexual prolongada, falta de contacto social y soledad, así como pérdida de responsabilidad.
Además, las condiciones en las que vive el sentenciado pueden producir alteraciones a su personalidad, como un efecto desocializador, contrario al fin de reinserción social, así como problemas psicológicos (depresión, ansiedad y violencia y pérdida de autoestima), deterioro de capacidades sociales y en su salud.
En México hay 389 centros que tienen una capacidad instalada de 20 mil 905 lugares y una población interna de 247 mil 488 personas. La sobrepoblación penitenciaria que se sufre en al menos el 47.3 por ciento de los centros de reclusión en todo el país, teniendo un excedente de personas por arriba de la capacidad instalada del 21.9 por ciento.
El país se encuentra en el número 7 de una lista de 223 países con mayor número de personas en el sistema penitenciario por cada 100 mil habitantes.
Escrito por: Carlos Rodrigo Balcázar Placeres