Por Gustavo Santín

El cambio en el tono del discurso de Aurelio Nuño Mayer, la revisión del tema laboral en materia educativa, el anuncio del titular del ejecutivo señalando que la reforma se mantiene inalterada pero que se revisa el tema laboral, la invitación para que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “participe en el debate” que se abriría en torno a la presentación de la propuesta oficial para revisar el modelo educativo, los nuevos planes y programas de estudio, constituirían un triunfo moral para maestros y maestras que en el país disienten de una reforma laboral, a pesar de las cacofonías en las que incurren funcionarios menores cuando afirman que en los acuerdos tomados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no se tocaron “ni un ápice de la reforma”, del marco constitucional o del reglamentario; lo mismo que las que expresa el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) cuando exige respeto a su autonomía y la celebración de la “nulidad de acuerdos Segob-CNTE” alcanzado mediante un juicio de amparo por la asociación civil “Mexicanos Primero”, si los pactantes oficiales hubiesen ido al fondo de un litigio que encabeza la Coordinadora.

Sin embargo, las causas que originan las expresiones de inconformidad del personal docente, lideradas en algunas entidades por la CNTE y en otras, por maestras y maestros independientes, se mantienen a pesar de los acuerdos de fin de semana “pactados” entre autoridades educativas federales y el SNTE. Las demandas por lograr la abrogación de la reforma laboral hasta eliminar la evaluación de permanencia, lo mismo que la que generó movilizaciones multitudinarias para restituir el programa de estímulos de Carrera Magisterial vinculado al salario, exigencia que pronto podría ser sustituida por la de no perder el derecho al aguinaldo de 90 días, de acuerdo a lo que señalara en enero de 2016 Claudia Edith Anaya Mota, ex diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (http://goo.gl/xYPh0i), ocasionaría nuevas formas de inconformidad para conservar un derecho adquirido.

La revisión “profunda” de la evaluación docente y la “evaluación integral contextualizada, formativa, sin visón sancionadora ni punitiva” resultado de las “respuestas favorables” que las autoridades educativas habrían entregado a la representación gremial oficial, no tienen todavía ningún efecto real sobre la modificación del calendario de aplicación de evaluaciones, publicado por la Coordinación del Servicio Profesional Docente.

A pesar del  la promesa de revisar la pertinencia de la pruebas aplicadas y proponer un nuevo modelo que corrigiera deficiencias en los procesos de evaluación docente en un lapso de 45 días, la SEP aplicó los días 9 y 10 de julio, la evaluación del desempeño al término del segundo año (segunda fase de la evaluación diagnóstica) al personal de nuevo ingreso, violando disposiciones reglamentarias. La norma señala que la evaluación se realizaría al segundo año a partir del ingreso de los y las docentes, plazo que aún no se cumple, a pesar de que casi hubiesen concluido ya dos ciclos escolares, pero no los dos años a partir del ingreso.

Cuestionamientos y oposición de maestros y maestras originados por la inexistencia de un  proceso real de actualización docente, más allá de los discursos oficiales previos a cualquier proceso de evaluación y la entelequia de la tutoría oficial que la autoridad educativa debería prestar obligatoriamente a través de personal certificado. Por la falta de  objetividad, validez, certidumbre y confiabilidad de la pruebas aplicadas y la imposibilidad de objetar los resultados del examen que no evalúa el desempeño docente frente a grupo; por el uso de instrumentos informáticos inadecuados y plataformas que fallan, jornadas extenuantes para presentar un par de exámenes, trayectos larguísimos a sedes de evaluación; seguirán teniendo en la picota a un proceso tildado de autoritario aunque las promesas de Nuño al SNTE, comprometan a la SEP, “a garantizar la calidad pertinencia y gratuidad de los programas de formación continua y desarrollo profesional”. Y por esto mismo, fije que maestros y maestras tendrán una “Evaluación Integral, contextualizada, formativa, sin visión sancionadora ni punitiva”  y emita promesas mediante las que señale que “la legislación no afectará ningún derecho adquirido”.

Francisco Martínez, ex director general del Instituto Nacional de Evaluación aporta la siguiente reflexión: “Uno de los aspectos que cualquier evaluación debe tomar en cuenta es el impacto en las personas evaluadas. Entre mayor impacto tenga la evaluación en la vida de un individuo, es mayor la exigencia para los responsables de ella. La evaluación del desempeño es vista como un fin en sí misma, se olvida que la evaluación debe servir para establecer acciones de mejora.  La exigencia de la calidad técnica de los instrumentos de evaluación es una asignatura pendiente. El INEE no ha mostrado que los instrumentos son confiables, ni mucho menos válidos. La validez de una evaluación es fundamental y no depende sólo del que la elabora. Es necesario una auditoría externa que certifique que la prueba mide lo que debe medir, y nada más, y que los calificadores actúan en concordancia con criterios acordes. Por esta razón los maestros evaluados tienen el derecho de que su evaluación sea revisada ante su presencia. La evaluación del desempeño no es una acción aislada, con base en la ley debe acompañarse de acciones de tutoría y acompañamiento, así como de formación continua. La autoridad, el INEE en concreto, no sólo no ha cumplido con las exigencias técnicas de una evaluación, también se ha convertido en cómplices de una burocracia, preocupada solamente por sus beneficios personales”.

Total que el cambio del tono y del discurso es únicamente de forma. Una ficción en boca de autoridades que negocian con las representaciones reales y formales del personal docente. Cuenta cuentos ante un auditorio que no se traga sus mentiras.

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