Por Gustavo Santín

Calificada como maquiavélica y oportunista por maestras, maestros, especialistas en temas vinculados con el quehacer educativo y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la incorporación tardía de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a un diálogo alterno con la Secretaría de Educación Pública con el que se pretendería “revisar” puntos medulares de la reforma educativa. Y de ese modo apropiarse de una posible solución a las inconformidades externadas por el personal docente.

Inconformidades generadas por la aplicación a raja tabla de la Ley General del Servicio Profesional Docente que conculcan derechos laborales adquiridos a partir de las reformas y modificaciones que sufrieran en 1917, los artículo 3 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, la actitud vergonzante que juega el SNTE como comparsa gubernamental tiene parangones previos. Titular de las relaciones laborales colectivas por voluntad y gracia de Carlos Salinas de Gortari (1992), el SNTE promovió la desconcentración de los servicios educativos, lo mismo que la reconcentración promovida por Enrique Peña Nieto. Creado a instancias de Manual Ávila Camacho (30 de diciembre de 1943) a quien le interesaba “eliminar de los puestos directivos de la SEP a los comunistas e integrar, en una sola organización en pos de la unidad nacional, a todos los maestros…” (Pag. 431, Tendencias Educativas Oficiales en México, 1934-1964, Meneses y otras, editoriales CEE  y UIA), el SNTE respaldaría “las políticas educativas del sexenio. En especial la reforma al artículo 3º (1945), que excluía la educación socialista.

Así fue como el SNTE llegó a ser un  organismo importante para el control político del país y adquirió tal ascendiente ante el gobierno, que algunos de sus miembros consiguieron diputaciones y aún gubernaturas” (Ibidem). Ejército electoral del gobierno y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo mismo les servía para presidir diferentes responsabilidades en los diversos institutos electorales federales, estatales y municipales, que para controlar presidencias de las mesas de casilla, comprar voluntades, acarrear a votantes, mapachear los resultados de la contienda electoral, el SNTE fue premiado con canonjías políticas, posiciones burocráticas, encargos mayores y menores en dependencias de educación federal y en las locales relegando la defensa de los intereses de sus agremiados a un segundo término.   

Cuestionado históricamente por la disidencia magisterial organizada, el SNTE siempre ha sido considerado por el gobierno como un ente al que debe sostener de manera corporativa al margen de lo que decidieran sus afiliados y del que a cambio, debería recibir un apoyo incondicional; tratándose de la aplicación de las políticas públicas de los gobiernos en turno, tal cual sucediera tras la encarcelación de Elba Esther Gordillo Morales, ex presidenta vitalicia de Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y la proclamación de Juan Díaz de la Torre como secretario general sustituto. Este último sería quién aplaudiera la reforma educativa pactada, las modificaciones constitucionales y la operación de los mecanismos de ingreso permanencia y promoción que estableciera la LGSPD. Asuntos que agraviaron al magisterio nacional y que se sumaron a demandas añejas por lograr una real democracia sindical.

Empero, con la postura asumida por Aurelio Nuño Mayer y Juan Díaz de la Torre, el SNTE pretendería aparecer como quien encabezaría ficticiamente un movimiento de resistencia anti-reforma, originado por la forma en que la SEP instrumentó un proceso de evaluación parcial, centrado en el personal docente sin antes tasar las condiciones en las que opera el sistema educativo nacional. Sin considerar, sobre todo,  las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales en las que viven las personas que habitan las diferentes regiones del país; y sin discurrir sobre la pobreza, la pobreza extrema, la marginación, las condiciones de hambre con la que asisten niños y niñas que radican en zonas rurales, las circunstancias en las que operan las instalaciones de la mayoría de las escuelas muchas de las cuales requieren urgentemente una intervención mayor (carecen de techos, paredes, piso,  agua potable, sanitarios, computadoras, internet, teléfono, luz), cuestiones a las que habría que sumar, la falta de un proceso real de formación, capacitación y actualización docente que destinaría en 2016, tan solo mil pesos por cada maestro o por cada maestra.

Tras tres años de silencio y complicidad, el SNTE de pronto “exige respuestas para eliminar del proceso de evaluación toda visión sancionadora o punitiva” y demanda, lo mismo que la CNTE, maestras y maestros, eliminar de la LGSPD cualquier aspecto punitivo derivado de las evaluaciones de permanencia en el servicio, exige lo mismo para lograr “más y mejores incentivos” económicos y reivindicar el salario horizontal obtenido vía la Carrera Magisterial‪,‪ demanda la “corrección de fallas en primera etapa de evaluación” y el “respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación”, aboga por fortalecer a las escuelas normales y “respetar la formación de maestros normalistas y fortalecer ese sistema de enseñanza”.

El SNTE exigiría respuestas a su demanda por “agilizar la transformación en infraestructura y equipamiento tecnológico de las escuelas”, y mandata a su CEN para “solicitar al ejecutivo federal integrar en el presupuesto 2017 recursos para la profunda y estructural transformación del sistema educativo“.

Pareciera, que de pronto el SNTE, tomara en cuenta la angustia y desesperación en la que viven quienes saben que su salario merma por las decisiones adoptadas por los burócratas de las Secretaría de Hacienda y las de Educación en torno a la Carrera Magisterial y otras prestaciones. Lo mismo que a quienes serían despedidos sin responsabilidad para la autoridad educativa si no aprueban la segunda fase de la evaluación diagnóstica, cuestión que comparten quienes se negaron a presentar la evaluación de permanencia o quienes han sido despedidos por protestar en contra de los actos abusivos de la autoridad, faltando a sus labores, dado que quien tendría derecho de emplazar a huelga, el SNTE, nunca lo haría. Nuño dice rana y Díaz brinca pretendiendo arrancar las banderas enarboladas por la Coordinadora. 

 

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