Por Juan Carlos Lastiri 

En la historia de la humanidad el espacio construido siempre ha sido un condicionante del desarrollo social, condicionante al fin de la existencia de lo que no conocemos como Estado, gobierno. Conscientes de esta importancia, los países desarrollados tienen en común el análisis del desarrollo urbano como base de su crecimiento.

La contraparte de esta estrategia es la forma en que los países emergentes han tenido que afrontar su crecimiento urbano. Por mencionar, México pasó en dos décadas de ser un país rural a uno predominante urbano con una ciudad dominante, lo que hizo que en el corto plazo cualquier plan de desarrollo urbano fuera insuficiente para atender las demandas de servicios básicos.

Así, durante muchos años la cuestión urbana paso a ser sólo un caso de atención de servicios urbanos sin apreciar que la ciudad per se era parte fundamental del crecimiento económico de cualquier espacio.

Uno de los sectores que más impacto tiene en este crecimiento es la forma en que se accede a la ciudad y esto tiene que ver directamente con la vivienda ya que, durante muchos años, la especulación sobre el valor de la tierra hizo que la única forma de adquirir un espacio para vivir fuera, alejado de los centros de trabajo que, por lo general, están cerca del centro de las ciudades lo que significa fácil acceso al mercado. Esto fue una constante durante muchos años y esto generó ciudades expandidas que afectaron a los más vulnerables y que hicieron, casi siempre, que se desincentivará el empleo.

En este sexenio se generó un cambio y se entendió que la cuestión urbana es la forma de afrontar el subdesarrollo social. De hecho, hoy más del 70 por ciento de los mexicanos viven en un ambiente urbano. El Siglo XXI es el siglo de las ciudades y de las metrópolis, y en nuestro país hay un cambio de paradigma que tiene que ver con construir vivienda no sólo por construir vivienda, como se hizo en el pasado, sino construir vivienda para construir ciudades, ciudades sustentables, compactas, competitivas ciudades seguras e incluyentes. 

Esa es la premisa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno federal  trabajará en la adecuación, modernización, homologación y armonización a nivel nacional de las herramientas jurídicas, técnicas e institucionales, para que los procesos de planeación urbana incorporen el ordenamiento sustentable del territorio con una amplia perspectiva de inclusión.

Para conseguir esto, la Sedatu ha sumado esfuerzos con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), con la Conferencia Nacional de gobernadores (Conago), y la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm),  y se trabaja en las bases de un modelo conceptual para la homologación y simplificación de trámites involucrados en el proceso de producción de vivienda.

Se han elaborado las bases de un modelo conceptual para la homologación y simplificación de trámites involucrados en el proceso de producción de vivienda y se han definido tres etapas en la elaboración de los criterios generales: obtener información sobre los ordenamientos jurídicos para elaborar un diagnóstico; compartir experiencias y casos de éxito y la elaboración de los Criterios Generales de Ordenación.

Hoy entendemos que nuestro país necesita de sus ciudades para impulsar el desarrollo social que tanto anhelamos por lo que, la Sedatu seguirá trabajando para lograr ciudades equitativas e incluyentes que mejoren el entorno urbano, pero, sobre todo, que permitan, tal como lo dice el postulado clásico de la economía, que todos los interesados empiecen con un piso parejo porque esto mejorara la vida de todos nosotros los mexicanos.  

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